La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Hechos para Venezuela se pronunciaron sobre el caso de la directora de la oenegé Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y expresaron su preocupación por la detención arbitraria de la activista, acusada por el Ministerio Público de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, por su presunta participación en la trama denominada «brazalete blanco».
El abogado Francisco Cox, integrante de la Misión ONU, afirmó que la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de Rocío San Miguel y su hija Miranda Díaz San Miguel cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al gobierno de Nicolás Maduro, «haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional».
También Marta Valiñas, presidenta de ese mandato de Naciones Unidas, que investiga los casos de violación de DDHH en Venezuela desde 2014, declaró que esa acción por parte de agentes de inteligencia del Estado «no se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores».
La jurista exigió al gobierno de Venezuela proporcionar información sobre el paradero de Rocío San Miguel y todos los familiares de la activistas que están detenidos y cuyos lugares de reclusión aún se desconocen. Además, señaló que corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal.
Cactus24//13-02-2024
Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp
También estamos en Telegram y Facebook
