En Pedro Vicente Maldonado, a 33 kilómetros de Quito, la capital del Ecuador, se produjo un suceso aterrador. Un hombre de 41 años violó constante y sistemáticamente a su hija, que hoy tiene 19 años, con la que tuvo dos hijos. Uno de ellos fue entregado a las autoridades apenas después de haber nacido con el pretexto de haber sido encontrado abandonado en una quebrada.
La Fiscalía cantonal investigó el caso y demostró ante el Tribunal de Garantías Penales de esta causa, que Segundo Ricardo G. Z es autor del delito de violación, empeorado además por las específicas circunstancias de opresión paterno filial, por haber sometido a su víctima con amenazas, por formar parte de mismo núcleo familiar y por aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de la víctima, tal y como se establece como agravantes en la legislación penal del Ecuador.
Valiéndose de seis testimonios periciales, pruebas documentales, peritajes médico-legales y la declaración anticipada de la víctima, la Fiscalía sostuvo su teoría del caso y con estas evidencias logró probar que las violaciones se produjeron durante 5 años consecutivos, desde que la víctima tenía 14 años, y que como consecuencia de esas agresiones la niña violada tuvo dos embarazos, uno a los 14 años y otro a los 19 años. Al aplicar la prueba técnica de ADN se pudo encontrar el 99,99% de compatibilidad entre Segundo Ricardo G. Z y el nacido como producto del primer embarazo.
El segundo y más reciente embarazo fue entregado a las autoridades policiales, a poco tiempo de producido el parto, bajo el pretexto de haber encontrado al niño a orillas del río Caoni, a menos de un kilómetro de las calles de la pequeña urbe, fundada hace menos de treinta años y habitada por un poco más de 12 personas. El recién nacido fue entregado por su propio padre-abuelo en el mes de julio de 2017. Al poco tiempo, el recién nacido fue dado en adopción, reseña Infobae.
El agresor fue sentenciado este miércoles a cumplir con 29 años y 4 meses de encarcelamiento, además del pago de USD 15.000 como forma de indemnización a la víctima. La justicia también sentenció al pago de 800 salarios básicos o salarios mínimos en Ecuador, lo que equivale a USD 320.000. Esto como pago de costas a la administración de justicia.
La víctima denunció los hechos en agosto de 2020 con la intención de recuperar a su segundo hijo.
El condenado enfrenta otra investigación por haber abusado también de su segunda hija, que también habría quedado embarazada y dado a luz otro niño.
