El expresidente brasileño Jair Bolsonaro entregará su pasaporte tras ser objeto este jueves, junto a varios de sus aliados, de una operación policial por «la tentativa de golpe de Estado» que culminó en los actos del 8 de enero de 2023.
Se trata de una investigación sobre una supuesta trama que habría arrancado antes de las elecciones presidenciales de 2022, en las que el ultraderechista Bolsonaro perdió por estrecho margen frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula de Silva.
La policía anunció haber lanzado una operación contra decenas de personas, con medidas como la «entrega de pasaporte en un plazo de 24 horas» para impedirles salir del país y la «suspensión del ejercicio de funciones públicas».
Los agentes cumplen 33 órdenes de allanamiento y cuatro arrestos en diez estados de Brasil para «investigar la organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho (…) para mantener al entonces presidente de la República en el poder».
«En cumplimiento a las decisiones de hoy», Bolsonaro «entregará su pasaporte a las autoridades», confirmó en X su asesor y abogado Fabio Wajngarten.
Cuatro generales en la mira
Ordenada por el magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes, la operación involucra a cuatro generales, incluyendo Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, y Augusto Heleno, exministro del gabinete de Seguridad Institucional.
También Valdemar Costa Neto, presidente del PL, el partido de Bolsonaro, fue objeto de la operación policial.
Hasta ahora hay tres personas detenidas, según la prensa: un exasesor para asuntos internacionales de Bolsonaro, Filipe Martins, y dos militares del Ejército.
Los investigados «difundieron la ocurrencia de fraude en las elecciones presidenciales de 2022, incluso antes de que se celebraran, con el fin de permitir y legitimar una intervención militar», según la policía.
De información falsa a golpe
En primer lugar, diseminaron información «falsa» sobre el sistema electrónico de votación en Brasil, agregó la fuerza.
Por este hecho, Bolsonaro ya fue inhabilitado políticamente en junio pasado por un periodo de ocho años.
Después, los investigados «ejecutaron un plan para subvertir el Estado democrático de derecho con el objetivo de impedir la toma de posesión el gobierno legítimamente electo, manteniendo al entonces presidente Jair Bolsonaro en el poder», precisó la decisión judicial del juez Moraes.
Los sospechosos esperaron tener éxito en sus acciones durante los últimos días de 2022 y el inicio de 2023 «principalmente cuando se produjeron los actos golpistas del 8 de enero», añadió el magistrado en el texto de más de un centenar de páginas.
Bolsonaro es investigado en el Supremo Tribunal Federal por instigar presuntamente la invasión de las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula.
Ese día, miles de bolsonaristas ingresaron y saquearon el palacio presidencial y los edificios del Congreso y el Supremo Tribunal Federal para pedir una intervención militar y revocar al izquierdista del poder.
Acusaciones de Lula
Lula llamó el jueves a «aplicar el rigor de la ley» y aunque defendió la presunción de inocencia de Bolsonaro, acusó al exmandatario de haber «participado en la construcción de esa tentativa de golpe».
«Queremos saber quién financió (los actos) para que nunca más se permita un acto como el que aconteció el 8 de enero», añadió en entrevista a la radio local Itatiaia.
De las 2.170 personas detenidas por esos actos del 8 de enero, hasta ahora 30 fueron condenadas por delitos como golpe de Estado, con penas de hasta 17 años de cárcel. Un total de 66 continúan presas.
En enero, uno de los hijos de Bolsonaro, Carlos, fue blanco de otra gran operación de la policía brasileña sobre una presunta trama de espionaje ilegal en favor del líder ultraderechista cuando estaba en el poder (2019-2022).
Cactus24 08-02-24
