En la presentación de su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Misión Internacional Independiente para Venezuela alertó que en el país se continúan cometiendo violaciones a los derechos humanos y el Estado no parece dispuesto a corregir su política de represión.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, alertó durante la presentación que la represión selectiva contra líderes sociales y políticos en Venezuela está creciendo de cara a las elecciones de 2024.
Consideró como «muy preocupante» de esa creciente represión la inhabilitación política de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado.
Otros ejemplos han sido la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia y la condena penal a 16 años de prisión a varios dirigentes sindicales por participar en protestas por reclamaciones laborales, agregó.
«En Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al gobierno que continúa», subrayó la jurista portuguesa al presentar el informe.
Éste, que se centra en abusos cometidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2023, documenta al menos 58 detenciones arbitrarias de líderes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de oposición y otros críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro.
El informe, que ya había sido presentado en rueda de prensa el pasado 20 de septiembre, también cita nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 28 casos de tortura y malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos.
El documento reconoce un descenso de las violaciones de derechos humanos denunciadas con respecto al periodo anterior a 2020, por el cambio en la crisis política que produjo la pandemia en ese año, al marcar el fin de las protestas masivas y de las operaciones de contrainsurgencia a gran escala en respuesta a iniciativas para desestabilizar al gobierno.
Critican nuevas detenciones
Valiñas criticó hoy que el mismo día 20, en el que su misión presentó en rueda e prensa el informe, se condenó a penas de entre 16 y 30 años de prisión a siete acusados de la causa «Operación Constitución», entre ellos personas cuyos casos habían sido documentados por la propia misión en informes previos.
«Fueron víctimas de detenciones arbitraras, desapariciones forzadas de corta duración, así como tortura y malos tratos», afirmó la experta, denunciando que la audiencia se celebró a altas horas de la madrigada, incorporando pruebas documentales «intempestivamente» y prescindiendo de más de 30 testigos.
«El mensaje parece ser claro: el Estado no está dispuesto a corregir violaciones del pasado y, por el contrario, sigue con su política de represión a pesar de lo que señalen los mecanismos internacionales de derechos humanos», lamentó Valiñas ante el Consejo de Naciones Unidas.
Junto a los abusos directos contra personas críticas, la presidenta de la misión denunció la «represión de instituciones clave de la sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación» que han conseguido, por ejemplo, que «casi no exista prensa independiente en el país».
Venezuela negó legitimidad de la misión
En el turno de réplica tras la presentación del informe, el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Héctor Constant, negó la legitimidad misma de la misión, aprobada en 2019 por una resolución del propio Consejo de Derechos Humanos.
«Ha sido impuesta por razones políticas a mi país bajo la lógica hegemónica de maximizar la presión mediática y política sobre Venezuela», aseguró el diplomático.
«Este informe, en vez de alinearse con la promoción y la protección de los derechos humanos, es una muestra de la perversión de los derechos humanos y es lamentable que todavía algunos países apoyen tal calamidad», afirmó Constant.
El representante del gobierno de Maduro también acusó a la misión de falsificar datos para alimentar las presuntas noticias falsas sobre Venezuela.
«Abunda una vez más la falsificación inescrupulosa de datos. Ya no solo se trata de una ausencia de metodología, se trata de imponer una depravación metodológica que busca ofrecer a las fake news un suero de aparente veracidad», dijo.
Constant se escudó en las sanciones como presuntas responsables del deterioro de las condiciones socioeconómicas del país, y criticó a la misión por no hacer mención de ellas en su informe.
Tras su presentación, el funcionario venezolano abandonó la sesión en la ONU, en la que otros países del mundo reiteraron su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Países manifestaron preocupación
Una gran cantidad de países manifestaron preocupación por lo relatado por la misión de la ONU en el informe sobre Venezuela.
«Nos preocupa la persecución a opositores políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas y líderes sociales. Exhortamos a las autoridades a garantizar que las próximas elecciones sean libres y transparentes para retomar la democracia», dijo el representante de Chile.
Otros países como Austria, Paraguay, Ecuador, República Checa, Alemania, Suiza, Irlanda, Georgia y Estados Unidos también expresaron su rechazo a las políticas represivas e instaron al Estado venezolano a tomar en cuenta las recomendaciones de la misión.
«La Misión denunció leyes que buscan impedir el trabajo de las organizaciones de sociedad civil. Apoyamos a los defensores de derechos humanos, las víctimas y periodistas, quienes a pesar de las amenazas siguen luchando por los derechos humanos», dijo Estados Unidos.
Por otra parte, naciones aliadas al gobierno de Maduro como China, Rusia, Brasil y Zimbabue manifestaron su desacuerdo con los hallazgos de la misión y culparon a las sanciones por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
«Lamentamos que varios Estados insistan ignorar los avances que ha tenido Venezuela en materia de Derechos Humanos. El mayor obstáculo para mejorar los derechos humanos en Venezuela son las sanciones», señaló Rusia.
