Un juez federal de Miami (Estados Unidos) otorgó 153 millones de dólares a la familia de Carlos Marrón, abogado venezolano que denunció torturas en su contra mientras estuvo detenido en Venezuela.
El juez Federico A. Moreno determinó que el abogado Carlos Marrón, que estuvo detenido 878 días y alega haber sido torturado durante su cautiverio en Venezuela, su esposa y sus dos hijos menores deben ser compensados con 153 millones de dólares.
Marrón estaba fuera de Venezuela, pero volvió por el secuestro de su padre y terminó preso durante dos años por cargos falsos de trabajar como “terrorista financiero”, publicó el periodista Joshua Goodman en Associated Press.
El fallo se dio este lunes, 23 de enero, tras casi dos años de que Marrón relatara a la agencia de noticias los episodios de torturas que vivió en Venezuela mientras estuvo preso y que denunció tras huir del país.
Lo que vivió el Marrón como preso político provocó una reprimenda del Consejo de DDHH de la ONU, que determinó que lo detuvieron por presuntamente operar un sitio web que publicaba el tipo de cambio del llamado dólar paralelo.
Detención y caso
Carlos Marrón fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en abril de 2018 sin orden judicial a su llegada al aeropuerto internacional de Caracas.
Tuvo que viajar obligado a Venezuela desde Miami, su hogar durante la década anterior, al enterarse de que su padre había sido detenido por funcionarios estatales.
Durante el tiempo que fue preso político, Marrón declaró haber sido a «ahogamiento físico, con agua y golpes». Además, dijo que estuvo aislado más de 60 días.
También, dijo que estuvo en el «cuarto de los locos», una celda oscura, sin baños, hacinado, comiendo con las manos.
Carlos Marrón contó que perdió 30 kilos en dos meses y salió de la cárcel con desnutrición, gastritis y anemia.
Carlos Marrón fue liberado el 6 de enero de 2020 con medidas cautelares junto a otros 13 presos políticos en medio de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos de oposición. No fue sometido a juicio y tampoco se le prescribió la pena por sus supuestos delitos.
