Llamó a la Policía Federal y contó la pesadilla en que quedó atrapada desde el mismo momento en que llegó al país: un hombre que la había contactado por redes sociales y le había prometido trabajo en Argentina, la ayudó a salir de Venezuela, la alojó y encerró en su casa y, siempre bajo amenazas, abusó sexualmente de ella.
En su desesperado pedido de auxilio la joven, de 21 años, no tenía noción de dónde estaba. Los oficiales la instaron a que abriera el maps en su teléfono, pudieron dar con la casa del abusador y lo detuvieron. Al divulgarse el caso, otra joven denunció que había pasado por lo mismo, hasta que logró escapar; se cree que puede haber más víctimas.
Se trata de un hombre de 53 años, empleado de la Municipalidad de Mar Chiquita y profesor de handball que tenía a su cargo niñas y adolescentes. Su identidad, por política del Ministerio Público Fiscal, no será revelada hasta tanto no se desarrolle el juicio oral.
Este jueves la fiscal Laura Mazzaferri, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, amplió la acusación en su contra y lo citó al imputado para indagarlo. Por consejo de su abogado, el hombre se negó a declarar.
En ambos casos, el imputado actuó del mismo modo. Fue quien envió las solicitudes de amistad por Facebook, prometió ayudar a las jóvenes ofreciéndole empleo y para «la captación se habría valido de organizaciones de tráfico ilegal de personas migrantes establecidas en distintas fronteras» hasta conseguir trasladarlas a su casa, en General Pirán, un pueblo ubicado 80 kilómetros al norte de Mar del Plata.
En su declaración, la joven que lo denunció en abril pasado contó que en su periplo desde Venezuela atravesó cinco fronteras, fueron 11 días por tierra y hasta navegó en una precaria embarcación, una balsa con la que ingresó a Ecuador. En ese riesgoso tramo perdió todo su equipaje, pero consiguió conservar el teléfono celular. Le dijo a su captor que se le había roto cuando en realidad estaba descargado.
El hombre salía a trabajar y la dejaba encerrada en su casa. La mantenía amenazada, «hubo comunicaciones controladas» con la familia de la joven y, cada día, abusó sexualmente de ella de acuerdo a la acusación de la fiscalía que convalidó el juez Santiago Inchausti al dictar el procesamiento con prisión preventiva.
Ni bien se hizo de un cargador y pudo captar señal con su teléfono, la mujer llamó a la Policía Federal. Ubicaron la casa por geolocalización del aparato y se dio intervención a la fiscalía. Se allanó la propiedad y se lo detuvo al profesor de handball. La joven estaba escondida bajo la cama.
La fiscalía probó que el imputado costeó todo el viaje, depositó 800 dólares a una cuenta en Colombia, luego hizo dos giros de 7.300 pesos cuando la víctima estuvo varada en Jujuy -había ingresado por La Quiaca el 15 de marzo-, lo que le generó una «deuda».
Esa “deuda” el acusado la utilizó como elemento de coacción para asegurarse el arribo a su casa primero y para obligarla, luego, a permanecer allí hasta llegar a reducirla a una situación análoga a la esclavitud y forzar una unión de hecho, abusando sexualmente de la víctima de manera sistemática.
Luego de la difusión del caso en los medios, tras la detención, una mujer se contactó con la víctima. «Mirá -le escribió en un mensaje-, me pasó lo mismo que a vos».
Se trata de otra joven venezolana que terminó presentándose en la fiscalía y lo denunció. A ella le había ofrecido también una falsa oportunidad laboral y la ayudó a llegar a su casa en Pirán. Fue en los primeros días de noviembre de 2018.
Estuvo un mes en la casa. En un descuido de su captor, la mujer huyó y consiguió llegar a la ruta 2. Allí dio con dos oficiales de la policía bonaerense, quienes le prestaron un teléfono. No lo denunció entonces y logró viajar a Buenos Aires.
Los hechos del primer caso fueron calificados en el procesamiento como constitutivos del delito de trata de personas bajo la modalidad de captación, transporte y recibimiento agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad y por haberse logrado consumar la explotación, en concurso real con abuso sexual agravado.
En relación a este delito, el juez Inchausti señaló que “(el acusado) aprovechando la situación en la que él mismo colocó a la víctima, abusó sexualmente de ella en reiteradas oportunidades. Las amenazas por la ‘deuda’ que había contraído, sumado a la situación de aislamiento, encierro y explotación generada a la víctima, facilitó al imputado la comisión del delito en cuestión”.
La Fiscalía Federal N°1 encontró indicios para creer que pueden existir más víctimas de hechos similares, por lo que puso a disposición medios de contacto. El mail fisfed1-mdp@mpf.gov.ar, y el teléfono de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata de la Policía Federal Argentina (0223) 451-1546 (internos 211, 212 y 214). / ElClarín
CACTUS24 14-06-21
