Una medida contenida en la sentencia 473 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de junio, expresa la suspensión de varios artículos del Reglamento de Interior de la Asamblea Nacional, entre ellos la suspensión de la potestad que tiene el parlamento de designar a sus propios representantes legales.
La junta directiva de la AN conformada por Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y Simón Calzadilla, además del consultor jurídico Jesús Casal, divulgó un comunicado con la denuncia que han venido formulando desde hace varias semanas.
En el documento describen la medida como grave vulneración de la autonomía constitucional y del derecho a la defensa efectiva de los intereses del Parlamento: “Es absurdo que la defensa de las leyes que adopte la AN solo pueda encomendarse a los abogados que la Procuraduría determine, pues esto supone negar la independencia de la Asamblea Nacional como poder del Estado”.
Ramos, Márquez y Calzadilla consideran evidente que “las instrucciones políticas del presidente de la República y la sentencia de la Sala Constitucional concurren para dejar a la Asamblea Nacional sin representación judicial propia ante el TSJ”, señala El Nacional.
Agregan que la sentencia 473 “infringe gravemente el orden constitucional y democrático”. Recuerdan que la Sala Constitucional admitió días atrás una demanda por controversia constitucional interpuesta por el presidente Nicolás Maduro a través de la Procuraduría General. De aplicarse la interpretación del magistrado Mendoza, en ese juicio la Procuraduría representaría al presidente y designaría a los defensores del Parlamento.
“La Asamblea se vería despojada de una representación judicial autónoma en una causa en la que las posiciones del Ejecutivo y el Legislativo son evidentemente contrapuestas”, señalan los diputados.
CACTUS24 (07-07-16)
