Siete personas resultaron detenidas tras un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que desbarató un polígono de disparos clandestino en la comuna de Quilicura, al norte de la Región Metropolitano.
La investigación dejó al descubierto que eran dos empresas legamente constituidas las que estaban detrás del polígono, ubicado en el kilómetro 5 de calle Lo Echevers.
Como resultado de la acción, se sorprendió a 18 carabineros y tres policías civiles durante el allanamiento a nueve domicilios; además se incautaron 16 pistolas, cuatro rifles y tres escopetas, además de armas largas y cortas de aire comprimido. Todo, según nota de ADN Radio.
l negocio incluso era promocionado en redes sociales, por lo que el centro era visitado por influencers para grabar videos. La misma empresa compartía publicidad en redes sociales dando a entender que eran un negocio legal. Sin embargo, tras una denuncia se constató una serie de irregularidades que estos cometían.
Sobre los detenidos, el resultado fue de seis personas: cuatro de ellas en prisión preventiva, otra con arresto domiciliario y otra con orden de arraigo nacional. Hubo un séptimo, el que se entregó a la policía durante la jornada del lunes: se trata de un exfuncionario venezolano del Ejército bolivariano que llegó a ser policía militar. Este último entró al país por un paso no habilitado.
Hubo, además, entre los aprehendidos otro ciudadano de nacionalidad venezolana que era policía en Venezuela.
Líder
El chileno Juan Pablo Ruiz Dupre era quien encabezaba la organización. Él fue uno de los integrantes de la organización autodenominada “Los vengadores”, por lo que fue condenado por usurpación de funciones al hacerse llamar policía.
Según las indagatorias, era él quien proporcionaba las armas (en primera instancia, debidamente inscritas), mientras que las municiones las arrendaba. Esto último podría configurar el delito de tráfico.
Del club de tiro se sabe que arrendaban pistolas por $25 mil a civiles y $20 mil más en caso de escopetas o fusiles.
A los “alumnos” de la escuela de tiro se les pedían antecedentes penales, pero el jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (s) de la PDI, prefecto Guillermo Gálvez, planteó que “se decía que se exigía. No se chequeaba realmente que las personas que participaban tenían o no antecedentes. No se puede descartar”.
Con todo, las condenas que arriesgan los imputados es de cinco años. Uno de los dueños del polígono aseguró en sus redes sociales que incluso había un escolta presidencial que llegaba a entrenar, pero podría ser solo un gancho comercial./VF.
Cactus24 (14-06-2023)
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