lunes, noviembre 18, 2024
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Caso del sereno Whilson Hidalgo pone de nuevo a prueba al sistema de justicia en Falcón

La justicia no consiste únicamente en juzgar a los responsables de un delito; también es absolver al que es inocente.

Estos son los dos extremos a los que se enfrentan representantes del Ministerio Público y Poder Judicial en Falcón respecto a Wilhson Hidalgo González, un hombre que a sus 60 años de edad, todavía busca ser útil, trabajar para llevar el sustento a su familia, y que ahora está preso por cuidar los bienes dentro de un galpón ubicado en la avenida Táchira, edificio Opedi de Punto Fijo, municipio Carirubana.

La Policía Nacional Bolivariana, en la escueta nota de prensa que compartió sobre el procedimiento, le atribuyó al sexagenario una presunta apropiación indebida que sería del camión Volvo, una Silverado, un tercer auto, quizá los tres montacarga, y había que ver si las máquinas de soldar.

¿Eran esos bienes propiedad de un sexagenario que apenas se gana la vida como vigilante? En Cactus24 conocimos que Whilson simplemente es el vigilante, lo que hace presumir que cuando allanaron la propiedad y al no estar el dueño, se negó a dejar que se llevaran las propiedades de tenía en custodia. Quiza de ahí se desprenda la supuesta apropiación, más allá de una escopeta que habría de determinarse si era suya o se la entregaron para el servicio.

El galpón y la empresa lleva por nombre ComerCA, cuyo dueño es Jorge Irausquin. Consultando las redes, conocimos que es una empresa contratista contra la cual un grupo de 600 trabajadores que en mayo del 2022 protestaron por deudas cuya demora la empresa atribuyeron al incumplimiento de contrato por parte del Complejo Refinador Paraguaná.

La deuda rondaría los 600.000 dólares, a razón de 1.000 por trabajador, según Termómetro Nacional, portal especializado en seguimiento de protestas que se reeditaron el 22 de diciembre. A otros trabajadores liquidados le deben a cada uno, 2.000 dólares.

Termómetro Nacional reseñó en diciembre que Frank Guanipa, uno de los afectados, dijo que «la contratista ha incumplido con el pago del bono de transporte», lo que consideraron «una violación a la contratación colectiva de la masa obrera por parte del ciudadano Jorge Irausquin, propietario de la contratista».

Se desconoce el porqué la PNB obvió mencionar el nombre y dirección de la contratista donde incautaron los vehículos y máquinas de soldar; por qué obviaron el nombre del propietario, sino que mostraron al sexagenario detrás de una escopeta como responsable de hechos que a juzgar por los elementos, solo lo ubican como alguien que estuvo a la hora y sitio equivocado, trabajando a pesar de sus problemas de hipertensión.

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