María Corina Machado solicitó este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el reconocimiento formal del derecho político de los venezolanos ubicados en el exterior, para que puedan participar en actos y hechos vinculados al destino de la nación venezolana. Esto, a través del sufragio, consultas o acciones proselitistas de cualquier tipo.
A través de un documento, la Coordinadora Nacional de Vente Venezuela insta a este órgano a “declarar, existentes y en pleno rigor, los derechos políticos de los venezolanos que se encuentran como migrantes y refugiados, involuntaria y forzadamente, fuera del territorio venezolano”.
Al día de hoy, sólo 101 mil 600 venezolanos están inscritos y habilitados para sufragar, de los casi 5 millones que podrían hacerlo, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitara el proceso de reconocer la nueva ubicación residencial que ellos poseen en el exterior.
Por eso, la solicitud de María Corina insiste en la necesidad de que estos ciudadanos venezolanos puedan participar, aunque no estén en Venezuela, en eventos como una elección de cargos públicos, referendos, revocatoria de mandado, iniciativas legislativas y, en general, en cualquier otro proceso electoral, de consultas o de similar naturaleza para la asunción de cargos o temas desarrollados por quienes ejerzan, de hecho o de derecho, funciones de gobierno en Venezuela.
Eso incluye todos aquellos actos “que guarden relación con el destino político, social, económico o de cualquier otra naturaleza de la nación venezolana, tal como el que representa la escogencia o elección de una nueva dirigencia opositora que formalmente, en conjunción con los ciudadanos, dentro y fuera del territorio venezolano, establezca las estrategias políticas para desalojar del poder nacional a quien lo usurpa desde el día 10 de enero del año 2019”.
De acuerdo con la dirigente, esta elección del nuevo liderazgo opositor por vías electorales no debe contar con la participación de órganos y funcionarios ligados al régimen, y debe trazar una estrategia política ciudadana de lucha en todos los frentes internos, nacionales e internacionales.
Además, el documento de protección cautelar llama a impulsar, mediante exhortos y mandatos dirigidos a los Estados democráticos con mayor cantidad de venezolanos migrantes y refugiados, mecanismos de participación civil que viabilicen progresivamente los derechos políticos que tienen todos los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Así, conjuntamente organizado con la sociedad civil, estos ciudadanos podrían “votar por una nueva dirigencia que los represente dignamente y decidir sobre el futuro político inmediato de Venezuela”.
Para lograr esto, la líder opositora llama a considerar el asesoramiento de órganos internacionales especializados en el tratamiento de migrantes y refugiados, así como en materia electoral, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) o el equipo electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La solicitud recurre a la autoridad de la CIDH para otorgar medidas cautelares de protección a los derechos humanos de naturaleza política de todos los venezolanos en el exterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, numerales 2 y 3 y 28, del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 18.b del Estatuto de la Comisión y el artículo 8 de la Carta Democrática Interamericana (CDI)./NP
Cactus24 (02/09/2022).
