Álvaro pensó en abandonar Colombia cuando la pandemia golpeó con dureza su negocio de venta de accesorios de computadoras y celulares. El colombiano, de 55 años, lidiaba además con la discriminación por su orientación sexual.
Oyó que el viaje no sería tan complicado: México no imponía restricciones a los colombianos, lo que le permitiría volar hasta la frontera sur estadounidense para pedir asilo.
“En ese momento no pedían visa en México”, recordó en una entrevista con The Associated Press.
Y así fue como Álvaro, que solicitó no hacer público su apellido debido a su estatus migratorio, se unió en marzo a miles de colombianos que abandonan uno de los países más poblados de Latinoamérica para recorrer una ruta que pocos habían utilizado, hasta ahora.
Los colombianos fueron parados en la frontera entre Estados Unidos y Mexico más de 15.000 veces en marzo, lo que supone un aumento de 60% en comparación con febrero y casi 100 veces más que las detenciones que se registraron el año pasado, según datos de la Patrulla Fronteriza.
Muchos vuelan a Ciudad de Mexico o Cancún y toman un autobús u otro avión a ciudades fronterizas mexicanas para cruzar después a pie a Estados Unidos.
Durante el último año México introdujo restricciones de viaje para otros tres países latinoamericanos de los que salían grandes cantidades de personas en ruta a Estados Unidos. La medida dio resultado de inmediato: las autoridades estadounidenses registraron una reducción del 65% en la llegada de brasileños en enero, el mes después de que México les comenzó a exigir visas.
Los ecuatorianos fueron detenidos un 95% menos en octubre que en agosto y los venezolanos fueron detenidos un 88% menos en febrero que en diciembre, después de que México empezara a exigirles visa.
Una dinámica similar podría estar ocurriendo con los colombianos.
“Si se observa la gran cantidad de venezolanos que llegaron a México en diciembre, antes de que entraran las restricciones de visa en enero, se podría sugerir que a la gente (los colombianos) se les dijo… ‘ahora es su oportunidad, vengan ahora’”, opinó Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de The Washington Office on Latin America, un grupo de derechos humanos.
Los colombianos tienen pocas razones para preocuparse. Junto con Perú y Chile, Colombia y México forman el bloque económico de la Alianza del Pacífico y los cuatro países han acordado no imponer visas a los demás.
Pero la administración del presidente estadounidense Joe Biden está presionando a México para que sea más estricto. En abril, México impuso un proceso de registro en línea para los colombianos exigiendo itinerarios de viaje, reservas de hoteles en México y boletos de salida.
Álvaro salió en marzo de Bucaramanga, en el centro-norte de Colombia, y voló a la Ciudad de México, pero fue devuelto a Colombia porque no tenía reserva de hotel.
Dos días después un traficante de personas reservó una habitación de hotel y Álvaro voló de regreso a la Ciudad de México. Desde allí voló a Mexicali, al otro lado de la frontera con Calexico, California. Escaló el muro fronterizo en una frágil escalera y se entregó a los agentes fronterizos estadounidenses.
Después de permanecer tres días detenido fue llevado a un centro de refugiados y llamó a sus sobrinos en Miami.
Los colombianos han evitado en gran medida una orden de salud pública -que se supone finalizará el 23 de mayo- que ha negado a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo más de 1,8 millones de veces desde marzo de 2020. La normativa, conocida como “Title 42” (Título 42), se invocó para detener la propagación del COVID-19 pero se aplica de manera desigual entre las nacionalidades en la frontera.
En marzo sólo 303 -el 2%- de las detenciones en la frontera resultaron en la expulsión de colombianos, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza.
Los costos de los vuelos de deportación, las relaciones diplomáticas y otras consideraciones explican por qué los migrantes de algunas nacionalidades no son regresados a sus países de origen y se les permite permanecer en Estados Unidos para buscar asilo.
México acordó recibir migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y México bajo “Title 42” y, por lo tanto, los migrantes de estos países son los principales objetivos de la política. La semana pasada, México comenzó a aceptar un número limitado de cubanos y nicaragüenses bajo la normativa.
La Patrulla Fronteriza dijo a AP que su capacidad para expulsar migrantes bajo esa norma “puede estar limitada por varias razones, incluida la capacidad de México para recibir a esas personas”.
Varios cientos de colombianos han sido expulsados ââpor el “Title 42” desde que Estados Unidos aumentó los vuelos allí el mes pasado, dijeron las autoridades. Witness at the Border, un grupo de defensa que contabiliza los vuelos de deportación, registró 28 a Colombia en marzo y abril frente a sólo 12 en los 10 meses anteriores.
Hace años los colombianos volaban a Estados Unidos con visas y luego pedían asilo, dijo Andrés Daza, un abogado que trabaja con el consulado de Colombia en Miami. Ahora, más colombianos, muchos de ellos profesionales, llegan a través de México, indicó.
La semana pasada la sala de espera del consulado de Colombia en Nueva York estaba llena. Sentado en una silla plegable de metal en la última fila, Darwin Hincapié escuchaba música con sus auriculares mientras esperaba obtener un pasaporte colombiano. Los agentes fronterizos estadounidenses se lo habían quedado después de que cruzó la frontera en noviembre.
Desde Medellín, Colombia, voló a Cancún y tomó un autobús a Reynosa, en la frontera con Estados Unidos. Tras cruzar estuvo detenido alrededor de un mes. Ahora vive en Queens.
“Aquí hay calidad de vida. No tengo eso en Colombia”, dijo el joven de 27 años que conducía para Uber en su país natal pero abandonó el trabajo tras ser extorsionado por pandillas.
La pandemia golpeó duramente a la economía colombiana, llevando a la bancarrota a muchas empresas y desatando violentas protestas el año pasado cuando el gobierno propuso aumentar los impuestos sobre la renta. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, al menos 50 personas murieron en las manifestaciones.
En las zonas rurales los líderes comunitarios enfrentan amenazas por parte grupos rebeldes y cárteles de la droga que luchan por los territorios abandonados por extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016.
Además, Colombia ha recibido una gran oleada de migrantes venezolanos que huyen de las dificultades económicas en su país.
En Nueva Jersey, la activista Carmen Salavarrieta ayuda a inmigrantes a obtener tarjetas de identificación locales y les ofrece clases de inglés, entre otras cosas. La fundadora de la organización de ayuda Angels for Action asegura que ha visto una cifra récord de colombianos llegando.
“Muchos son profesionales pero llegan a pie por la frontera, ¿se lo puede creer?,” dijo y agregó que algunos acuden a su centro en busca de ropa y comida.
Jaime Rojas y Nataly Chaparro eran profesionales en Colombia.
Rojas, un técnico de sistemas en Bogotá, perdió su trabajo durante la pandemia y su esposa perdió el suyo como profesora de inglés. Ambos participaron en las multitudinarias marchas de protesta del año pasado.
Su trabajo voluntario en grupos juveniles tampoco estaba funcionando: las pandillas rayaron su automóvil porque sabían de sus esfuerzos para tratar de sacar a los jóvenes de las drogas.
En marzo de 2021 Rojas se fue a la Ciudad de México porque allí tiene un hermano y meses después lo siguieron su esposa y sus dos hijos. Pero como el dinero aún no alcanzaba, la familia decidió probar suerte en Estados Unidos.
En septiembre tomaron un autobús a Mexicali y de allí cruzaron a Yuma, Arizona.
Fuero liberados luego de pasar cuatro días detenidos, Rojas con un grillete electrónico que tuvo que llevar por más de dos meses. Ahora el inmigrante colombiano de 36 años y su esposa trabajan de 10 a 12 horas al día preparando legumbres y empacando ensaladas en un mayorista de alimentos en Nueva Jersey.
Ha sido difícil pasar de trabajar en una oficina a hacer trabajo físico en una fábrica, pero están agradecidos.
“Nuestra casa en Bogotá fue asaltada recientemente. Sin embargo, hemos podido ahorrar y hace un mes colocamos cámaras de seguridad”, dijo Chaparro. “Se trabaja muy duro, pero estamos mejor aquí”.
Cactus24 12-05-22
