Procuradores generales de 11 estados demandaron al gobierno del presidente Joe Biden por un nuevo requisito de vacunación para los trabajadores en empresas con más de un centenar de empleados.
La demanda, presentada en el Tribunal de Apelación del octavo Circuito Federal, con sede en St. Louis, argumenta que la autoridad para obligar que las personas se vacunen recae en los estados, no en el gobierno federal.
“Este mandato es inconstitucional, ilegal e insensato”, según la demanda presentada por el procurador general de Missouri, Eric Schmitt, uno de los varios republicanos que competirán por el escaño abierto del estado para el Senado federal el próximo año.
Las nuevas regulaciones del mandato de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) requieren que las empresas con más de 100 empleados exijan a sus trabajadores estar vacunados contra el covid-19 o hacerse una prueba semanalmente, y usar mascarillas en el trabajo. El requisito entraría en vigor el 4 de enero y, de no cumplirse, podría haber sanciones de casi $14.000 por infracción.
Schmitt dijo que Missouri tiene 3.443 empleadores privados que podrían estar bajo el requisito de vacunación, con casi 1.3 millones de empleados.
Schmitt demandó “para proteger las libertades personales, preservar las empresas de Missouri y contener a tiranos burocráticos que simplemente quieren poder y control”, comentó.
El gobierno de Biden ha promovido extensas campañas de vacunación como la mejor forma para salir de la pandemia. Una vocera de la Casa Blanca dijo que el mandato tenía la intención de detener la propagación de una enfermedad que ha cobrado más de 750.000 vidas en Estados Unidos.
El principal funcionario legal del Departamento de Trabajo, que incluye a OSHA, dijo que existe un precedente legal permite emitir normas para mantener la seguridad en los lugares de trabajo y aquellas normas reemplazan a las leyes estatales.
A la demanda de Missouri también se unieron los procuradores generales republicanos de Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming. La fiscalía del procurador general de Iowa, el demócrata Tom Miller, también se unió a la demanda junto con varios empleadores privados, de organismos sin fines de lucro y religiosos.
