domingo, noviembre 24, 2024
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OVP contabiliza 49 casos de Covid-19 dentro de calabozos policiales

Desde finales de junio hasta la fecha, alcaldes, gobernadores o autoridades regionales de cuatro estados anunciaron casos positivos de Covid-19 en centros de detención preventiva. 

Según el monitoreo realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), a través de medios de comunicación o redes sociales de autoridades gubernamentales, se han confirmado un total de 49 casos: 2 en el estado Lara, 2 en Miranda, 9 en Táchira y 36 en Nueva Esparta. 

Los dos primeros casos fueron confirmados por Carmen Meléndez, gobernadora del estado Lara. El primero fue dado a conocer el 26 de junio, se trata de un hombre de 34 años de edad que resultó detenido el 18 de junio por la policía estadal, en la parroquia Tintotero del municipio Jiménez, por presunto contrabando de cigarrillos. 

El 29 de junio confirmaron el resultado positivo de un hombre de 35 años de edad, quien fue aprehendido el 19 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por presunto contrabando de sustancias estupefacientes. 

Este último privado de libertad sí tuvo contacto con otros detenidos en el Destacamento 122 de la Guardia Nacional de Carora, según informó Edgar Carrasco, alcalde del municipio Torres, quien además aseguró que tomaron las medidas pertinentes para atender al resto de la población reclusa. 

La alcaldesa del municipio Guaicaipuro en el estado Miranda, Wisely Álvarez, confirmó a través de su cuenta en Twitter dos casos positivos de Covid-19 en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Los Teques. 

En este misma red social se pronunció Dante Rivas, llamado protector de Nueva Esparta, quien el 25 de julio confirmó que las pruebas PCR de 35 privados de libertad arrojaron resultados positivos para Covid-19. El día anterior había anunciado un caso, pero posteriormente explicó que realmente eran 36 los contagiados dentro de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 

El último anuncio fue realizado este viernes 31 de julio por Amelia Fressel, autoridad única de salud del estado Táchira, quien informó que se hizo un abordaje en la sede del CICPC de San Cristóbal y confirmó que eran 9 los presos contagiados con Covid-19. 

Por su parte, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, destacó la importancia de que todos los reos de estos calabozos policiales sean sometidos a las pruebas de rigor para descartar casos asintomáticos, en los que además se debería incluir a los funcionarios y a los familiares que llevan alimentos a diario, por tratarse de un virus altamente contagioso. 

CIDH y CorteIDH urgió a los Estados a garantizar la salud e integridad de los presos

La directora del OVP también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) consideran que la población penal es una de las más vulnerables en el contexto de la pandemia por Covid-19. 

“Dado el alto impacto que el Covid-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”, señala el comunicado de la CIDH al respecto. 

En ese sentido, exhortó a “adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del Covid-19. Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.”.

Ante lo expuesto por éstos organismos y tomando en cuenta la realidad venezolana, Girón manifestó su gran preocupación porque los detenidos en los calabozos policiales no tienen acceso a agua potable, sobreviven en condiciones insalubres y tampoco cuentan con atención médica; es decir, se ven imposibilitados a cumplir con las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus. 

Np OVP

CACTUS24 03-08-20

 

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