Más de una docena de familias venezolanas, con seres queridos detenidos en El Salvador tras ser deportados desde Estados Unidos, han elevado su voz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando urgentemente su liberación. La petición formal fue entregada este viernes por una coalición de cuatro organizaciones estadounidenses, quienes denuncian la «detención ilegal de cientos de individuos transferidos de manera forzosa e irregular» al país centroamericano por parte del gobierno de Nayib Bukele, según información reseñada por El Nacional.
La acción legal ante la CIDH se produce después de que, a mediados de marzo, Estados Unidos trasladara a más de 230 migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, a la megacárcel salvadoreña conocida como Cecot. Este centro penitenciario ha sido objeto de múltiples señalamientos y denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos.
La administración del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a estos migrantes de poseer vínculos con la organización criminal transnacional «Tren de Aragua», designada por Washington como «terrorista». Sin embargo, diversas investigaciones, incluyendo un reciente reporte del medio Bloomberg, contradicen esta afirmación, indicando que hasta un 90% de los migrantes deportados no cuentan con antecedentes penales.
La solicitud presentada ante la CIDH también expone la angustiante situación de incomunicación en la que se encuentran los detenidos, quienes llevan más de dos meses sin contacto con sus familiares. En este sentido, la petición exige a la CIDH que inste a El Salvador a «cumplir con sus obligaciones legales internacionales» y a colaborar de manera activa con Estados Unidos para lograr la pronta liberación de los ciudadanos venezolanos.
Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico (Gslc), una de las organizaciones firmantes de la petición, calificó la situación como «un fracaso moral y legal de dos gobiernos y una emergencia de derechos humanos que exige atención global».
Mosselmans fue enfática al señalar la responsabilidad de Estados Unidos en esta situación, acusándolo de colaborar en una estrategia para «despojar» a cientos de personas de «sus derechos y su libertad». «Estados Unidos y El Salvador han coludido para despojar a cientos de personas, incluyendo a muchos individuos con solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos, de sus derechos y su libertad», afirmó la directora de Gslc.
«Estas son desapariciones forzadas aprobadas por el Estado y deben terminar ahora», concluyó Mosselmans, haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta grave crisis humanitaria y de derechos humanos.
