Los legisladores estadounidenses intensifican las negociaciones para tratar de evitar una parálisis de los servicios federales si no se aprueba una ley de presupuesto, con un gigantesco paquete de ayuda a Ucrania en riesgo.
Cuatro meses después de casi caer en un default sobre su deuda pública, el Congreso debe de adoptar antes del primero de octubre la ley de presupuesto de 2024 para evitar la parálisis del gobierno.
En caso de no hacerlo, los primeros en sufrir las consecuencias serán unos dos millones de funcionarios federales que no recibirán su salario mientras dure lo que se conoce como «shutdown» o cierre de servicios públicos, un extremo que deja sin financiación a parques nacionales, tráfico aéreo, museos y múltiples organismos públicos.
La ayuda a Ucrania en la cuerda floja
La crisis amenaza directamente la guerra en Ucrania. La Casa Blanca quiere que la ley de presupuesto incluya 24.000 millones de dólares de ayuda militar y humanitaria para Kiev.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó el pasado jueves el Congreso para tratar de convencer a los legisladores republicanos y demócratas de ayudarle en la guerra contra Rusia. Pero el Congreso está dividido.
En el Senado, de mayoría demócrata, la oposición republicana es favorable a la ayuda a Ucrania. Los dos partidos liberaron unos 110.000 millones de dólares para Ucrania desde 2022.
Pero en la Cámara de Representantes, bajo control republicano, un puñado de legisladores favorables al presidente Donald Trump piden detener el envío de ayuda a Kiev.
Se trata de los mismos legisladores, partidarios de la ortodoxia presupuestaria, que llevaron a Estados Unidos al borde del default hace cuatro meses.
La exigua mayoría que tienen los republicanos en la Cámara Baja les da un poder desproporcionado a estos representantes.
La orden del expresidente republicano que busca la reelección en 2024 fue «paralizar» al gobierno a menos que resulten aprobados «todas» sus demandas presupuestales en cuestión en el Congreso.
Durante el gobierno de Trump se produjo el más largo «shutdown» (cierre), como se conoce al cese de flujo de fondos públicos que lleva a la casi parálisis del Estado federal, en 2018. Según estimaciones de la época, el PIB de Estados Unidos perdió más de 3.000 millones de dólares en ese momento.
La Casa Blanca acusó el lunes a los «radicales republicanos de la Cámara» de Representantes de tomar el riesgo de «comprometer la asistencia alimentaria vital para casi siete millones de mujeres y niños vulnerables» y de «jugar con la vida de las personas», ya que una parálisis de servicios públicos cortaría estos gastos federales.
En una nota publicada también el lunes, la agencia calificadora Moody’s destacó que la ausencia de un acuerdo pondría en evidencia la «debilidad de la gobernanza y de las instituciones en Estados Unidos en términos de política presupuestal» y podría «tener un efecto negativo en la deuda soberana» estadounidense. Moody’s es la única agencia que conserva la nota máxima AAA para la deuda pública de la mayor potencia mundial.
Sin acuerdo, el Congreso podría adoptar un proyecto provisorio de presupuesto, lo cual daría algunos meses de plazo a los legisladores para encontrar un entendimiento más definitivo.
Cactus24 26-09-23
