Robert Parga, presidente del Colegio de Economistas del Carabobo, destacó que este año comenzó con “un proceso inflacionario de 42% y eso ha ralentizado un poco el consumo del país y ha generado que en los dos primeros trimestres en promedio se haya registrado una caída del PIB de 8%”.
A su juicio, todo deriva de que el país aun mantiene una deuda de $13 mil millones del financiamiento del Banco Central de Venezuela -BCV- hacia PDVSA que ha acrecentado la base monetaria y ha generado este proceso inflacionario”.
Subrayó que “en este último trimestre de 2023 se ha puntualizado, estamos hablando de que agosto terminó con 13% de inflación lo que ha generado una erosión bárbara en el salario de los venezolanos”.
En entrevista a Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio, agregó que todo este proceso esta aunado a una pérdida del poder adquisitivo en dólares”.
Además, recordó que a eso se suma a que el salario de los empleados públicos, pensionados y jubilados en mayo no se incrementó “se bonificó y eso generó que nosotros tengamos una pérdida de incidencia laboral”.
Reitero que todo esto explica la pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo, la ralentización de la economía y la merma del crecimiento económico “nosotros veníamos de un 2022 muy bueno que se alcanzó un crecimiento de más de 17%”.
Recomienda a las autoridades revisar la disciplina fiscal y evitar la generación de dinero inorgánico “que es el principal factor de creación de procesos inflacionarios para que no sigan alimentando la voracidad inflacionaria”.
Opina que la subsanación de la pérdida del poder adquisitivo para incentivar el consumo pasa por que »se haga un verdadero ajuste salarial que no sea solo bonificar”.
Cuestionó la creación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras -IGT-, sobre todo en divisas, “es una política restrictiva que incentiva la disminución del consumo. Hay que hacer revisión de este impuesto para mantener esta proyección sobre el crecimiento económico”.
