El senador republicano de Ohio, JD Vance, presentó un proyecto de ley que de ser aprobado obligaría a los extranjeros con visas a pagar entre $5.000 y $15.000 para ingresar a Estados Unidos. La medida tiene como propósito evitar que se queden ilegalmente en el país.
Expertos consultados sobre la polémica propuesta, aseguran que no califica como una medida inconstitucional “porque los entes de seguridad nacional tienen la potestad absoluta de establecer nuevas condiciones para evitar que se rompa o que se quebrante la ley de inmigración”, dijo la abogada María Herrera Mellado, especialista en migración.
El objetivo de la propuesta legal es eliminar o reducir al máximo las intenciones de extranjeros de permanecer en el país dejando vencer sus permisos de entrada.
Al ser consultado sobre si esta propuesta se aleja de las normas constitucionales de EEUU, el abogado experto en materia migratoria, Santiago Alpizar indicó que en “este caso EEUU no estaría prohibiendo la libre circulación, sólo la condiciona al pago de una especie de garantía de salida al tiempo de expirar la permanencia concedida para una entrada visada” por lo que no cree que sea inconstitucional. Esas políticas migratorias la hacen todos los países del mundo, acotó el experto.
Por su parte la abogada Mellado, dijo que le parece una medida novedosa y coincidió con Alpizar en cuanto a que no esta reñida con la constitución, detalla el Diario de las Américas.
“Es verdad que lo que se le pide actualmente a los inmigrantes es que demuestren que tienen fondos suficientes para sufragar sus gastos cuando se encuentran en territorio estadounidense. Ahora bien dentro de una eventualidad de una nueva ley, que obliguen al no inmigrante a depositar un fondo, la verdad que no me parece mal”, apuntó.
Sin embargo, Herrera Mellado estima que de convertirse en ley la propuesta tendría un impacto en el turismo y reduciría el número de personas que vienen a estudiar porque ya de por sí es caro comprar el billete de avión y pagar la universidad, hospedaje, entre otros” y si a eso se suma una fianza lógicamente incrementará los costos.
En definitiva ese proyecto de ley podrá discutirse sin ningún problema en el Congreso de EEUU y su aprobación dependerá de los votos y no de una evaluación jurídica previa.
