“La regla, que ha estado funcionando durante dos meses, no puede permanecer vigente”, con esa frase el juez Jon Tigar, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, bloqueó la política migratoria de la Administración Biden que regulaba la cantidad de cruces irregulares por la frontera sur.
La decisión llegó tras la demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización de izquierda progresista que argumentó semejanzas de la normativa con “la prohibición de tránsito” creada bajo el gobierno de Donald Trump. En otras palabras, el grupo que en teoría defiende las políticas del Partido Demócrata, ahora le jugó en contra.
Katrina Eiland, abogada de la ACLU, remarcó que “la promesa de Estados Unidos es servir como un faro de libertad y esperanza”, un argumento con el que simpatizaban tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidente Kamala Harris en campaña electoral, hasta que asumieron el poder y esa retórica se volvió contraproducente por la oleada de migrantes que se acumuló en la frontera con México esperando por pisar suelo estadounidense.
Duro golpe para Biden
Joe Biden aprobó la política migratoria que regulaba los asilos debido a que se acercaba el fin del Título 42 —vigente desde la pandemia—, por lo que la Casa Blanca se vio en la necesidad de aprobar una regla que lo sustituyera. Así, llegó la aplicación “CBP One” para otorgar citas con agentes fronterizos antes de pisar EE. UU. y obtener la libertad condicional. Sin embargo, sobraron las denuncias por su mal funcionamiento, citas insuficientes y pocos idiomas disponibles para su uso.
Adicionalmente, los interesados deben buscar protección en un país por el que pasaron mientras se les asigna un turno. “Mientras esperan una adjudicación, los solicitantes de asilo deben permanecer en México, donde generalmente corren un mayor riesgo de violencia por parte de actores estatales y no estatales”, comunicó el juez.
La información está siendo calificada como “un duro golpe” contra los esfuerzos de la Administración Biden por controlar una crisis fronteriza que se desbordó desde que asumió la Presidencia. Aun así, la decisión no estará vigente todavía, ya que el juez otorgó a la Casa Blanca una ventana de 14 días para apelar.//Panampost.com
CACTUS24 25-07-23
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