Lo ocurrido recientemente en el retén de la Policía Nacional Bolivariana de La Morita, estado Aragua, donde la población penitenciaría tomó de rehenes a cuatro policías, ha dado lugar a una iniciativa que, aunque no lo reconozca abiertamente el Estado, busca corregir uno de los motivos expuestos por los presos como es el cobro por parte de los funcionarios para los traslados a los Tribunales.
El Fiscal General de la República Tarek William Saab anunció un plan para disminuir el hacinamiento en los centros de detención, antes temporales y desde el 2011 prácticamente permanentes. No obstante, el otrora Plan Cayapa, las jornadas contra el retardo procesal y más recientemente la denominada revolución judicial que venía atendiendo el problema de hacinamiento, pasarían a una etapa que sugiere la existencia de espacios en los Centros de Coordinación Policial, comisarías o centros de detención preventiva para la celebración de audiencias.
Son recurrentes las denuncias, y así lo ratificaron los presos de La Morita, del cobro por parte de funcionarios para trasladarlos a los tribunales, a lo que se suma también cancelar por la gasolina y hasta brindarles el desayuno o almuerzo a los oficiales.
Según cifras citadas por el Fiscal General, existen 25.000 presos en las distintas sedes policiales, espacios que a partir de esta iniciativa, se considerarían Casas de Paz, adecuados para la celebración de audiencias de juicio y así combatir el retardo procesal y las mafias expuestas por los presos. La ONG Una Ventana a La Libertad estimó en el 2022 un hacinamiento de 344,55%.
A diferencia de los planes de abordaje procesal que se daban cada cierto tiempo, en esta etapa se espera darle estructura formal al asunto de manera que la atención sea continua.
En este sentido correspondería al Fiscal del Ministerio Público y juez o jueza competente, avanzar en la agilización de los procesos penales, según expuso Tarek William Saab quien, antes de tal anuncio, coincidió con el Ministro de Interior Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos, en adoptar la estrategia.
Valga recordar sobre el hacinamiento que a partir del 2011 comenzó a acentuarse en los retenes policiales esto después de que, la entonces recién designada Ministra de Asuntos Penitenciarios, María Iris Varela, enviara una circular a las policías respecto a que se restringía el traslado e ingreso de presos a la cárceles hasta no contar con la autorización de ese despacho.
Desde entonces ha sido engorroso que los penados sean ingresados a prisión a pesar de haberlo así acordado el Tribunal correspondiente; de ahí que el hacinamiento se haya prestado para que, algunos funcionarios cobren por los traslados, por la visita, para comer, para usar la cocina eléctrica, incluso para beber agua.
CACTUS24 (21-07-23)
