El cooperador necesario en el crimen del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci, de 45 años, el venezolano Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, detenido este miércoles 21 de diciembre en Caracas, por PoliChacao, tendría que ser juzgado en Venezuela si se toma en cuenta que la Constitución de la República Bolivariana prohíbe en su artículo 69 la extradición de connacionales.
Identificado por autoridades de Colombia como el conductor de la moto acuática que el 11 de mayo llevó hasta la orilla de la playa, en Isla Barú del Hotel de Cameron, en Cartagena Colombia, al autor material del crimen, Gabriel Salinas cayó en una punto de control en Chacao por donde pasaba en un Fiat Siena según anunció el periodista Román Camacho.
Según medios neogranadinos, hay cinco procesados en Colombia por el caso; sin embargo en el caso de Salinas tendría que se enjuiciado en Venezuela.
Sobre por qué aquí y no en Colombia, el proceso de extradición en la legislación venezolana se encuentra regido por diversos principios, entre los cuales prevalece el de la no entrega del nacional, consagrado en el artículo 69 de la Constitución. De acuerdo con artículos sobre esta material, este principio se basa principalmente en la idea de que conceder la entrega de un venezolano sería sacrificar el deber de protección del Estado para sus súbditos y sustraerlos de sus jueces naturales.
El artículo 69 de la Constitución señala que “la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”; mientras que el Código Penal prescribe que “la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana”.
Una fuente consultada sobre el tema explica que de acuerdo al principio de territorialidad, por ser este ciudadano de nacionalidad venezolana, tendrá que ser juzgado por cargos por los cuales está siendo perseguido en Colombia, que sería el delito de sicariato, agavillamiento, más terrorismo que en Colombia supondría una condena alta respecto a los 30 años que es la máxima condena que establece la legislación venezolana.
En caso de admitir los hechos, Salinas solo cumpliría dos tercios de la pena; pudiera estar condenado entre 20 y 26 años.
Cactus24 (21/12/2022)
