La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, convocó a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y al encargado de negocios de Colombia para reiterarles que «la sucesión presidencial de Dina Boluarte es constitucional».
«Hoy convoqué a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y el encargado de negocios de Colombia. Les reiteré que la sucesión presidencial es constitucional y que las decisiones del expresidente Castillo del 7 de diciembre materializaron un golpe de Estado», escribió en sus redes sociales.
Gervasi destacó que entregó notas formales dirigidas a los cancilleres de estos países en las que «el Gobierno del Perú les transmite su reacción firme frente al comunicado conjunto que emitieron sus gobiernos».
La canciller hacía referencia a un comunicado publicado el lunes por estos cuatros países en el que expresaron su «profunda preocupación» por los sucesos que resultaron en la remoción y detención de Castillo y exhortaron a quienes integran las instituciones peruanas de «abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio».
«Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento», reza el texto, en el que se pide a las autoridades peruanas que «respeten a cabalidad los derechos humanos» de Castillo y que le garanticen «protección judicial».
Prisión preventiva
La Fiscalía de Perú solicitó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, que se encuentra bajo custodia judicial, y el ex primer ministro Aníbal Torres, quien permanece en paradero desconocido.
Castillo, investigado por presuntos delitos de rebelión y conspiración, fue detenido de forma preliminar por un plazo de siete días, luego de que anunciara el pasado miércoles la disolución del Congreso y otra serie de medidas que fueron respondidas por el Parlamento con su destitución a la Jefatura de Estado por «incapacidad moral».
Después de que el Congreso peruano aprobara la moción de vacancia, intentó acudir a la Embajada mexicana en Lima, pero fue capturado en el camino por la Policía. A través de su abogado, Víctor Pérez, solicitó asilo a México.
Mientras, las protestas continúan sacudiendo Perú para exigir liberar a Castillo, disolver el Parlamento y convocar una Asamblea Constituyente para reformar el Estado. Las intervenciones de la fuerza pública no ayudan a aliviar las tensiones e incluso terminan en enfrentamientos con los manifestantes. Según la Defensoría del Pueblo, al menos seis personas han muerto durante las protestas.
A través de una carta publicada en su cuenta en Twitter, Castillo exhortó el martes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a «deponer las armas», a fin de «parar el derramamiento de sangre» del pueblo.
Por su parte, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la declaratoria de emergencia de todas las carreteras del país, la protección por parte de las Fuerzas Armadas de activos estratégicos, y la declaratoria en emergencia de las regiones de Arequipa e Ica en su totalidad.
Cactus24 14-12-22
