El Gobierno estadounidense anunció este sábado que autoriza a la petrolera Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela como resultado de la reanudación del diálogo entre el régimen venezolano y la oposición.
Esta medida, según el Departamento del Tesoro, refleja la política de largo plazo de Estados Unidos “de proporcionar un alivio de sanciones específico basado en pasos concretos que rebajan el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia”
El Departamento del Tesoro precisó que esta autorización impide que la petrolera estatal venezolana PDVSA reciba ganancias de las ventas de petróleo por parte de Chevron y permite la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela solo, no otras actividades con PDVSA.
“Otras sanciones y restricciones relacionadas con Venezuela impuestas por Estados Unidos siguen vigentes”, aclaró su comunicado, según el cual el país “hará cumplir enérgicamente estas sanciones y seguirá responsabilizando a cualquier actor que participe en actos de corrupción, viole las leyes estadounidenses o abuse de los derechos humanos en Venezuela”.
Desde el Ejecutivo estadounidense se había supeditado cualquier decisión sobre Chevron a que las partes volvieran a la mesa de negociaciones e impulsaran otros compromisos específicos en apoyo de la población venezolana.
El oficialismo y la oposición venezolana suscribieron este sábado en la capital mexicana un acuerdo que prevé la creación de un fondo, que será manejado por Naciones Unidas, para atender la compleja crisis social de Venezuela en el marco de la reactivación de los diálogos.
Los términos del acuerdo parcial fueron anunciados por el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander, quien afirmó que el convenio permitirá lograr importantes avances para la protección de los venezolanos.
Durante un acto en un hotel del centro de la Ciudad de México, Nylander informó que el fondo social se financiará con recursos congelados del Estado venezolano en el sistema financiero internacional, que se emplearán para apoyar programas de salud, alimentación y educación para los sectores pobres, que han sido muy golpeados por la crisis; mejorar el deteriorado sistema eléctrico público y atender a las familias afectadas por las fuertes lluvias ocurridas en el segundo semestre de ese año.
En el acuerdo no se mencionó la suma que manejará el fondo, pero se prevé pueda alcanzar los 3.000 millones de dólares.
Tras trece meses de suspensión de los diálogos, el régimen y la oposición buscan impulsar el proceso con este acuerdo social, que fue avanzado en los últimos meses con la mediación de Noruega.
