La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este lunes a 22 miembros del Ejército, un funcionario del Estado y dos civiles, por crímenes de guerra y lesa humanidad por los llamados «falsos positivos».
Como «falsos positivos» se denomina el asesinato de civiles haciéndolos pasar por guerrilleros abatidos con el fin de aparentar operaciones militares muy exitosas en el marco del conflicto armado.
Según la JEP, más de 300 víctimas fueron ejecutadas por la Brigada XVI entre 2005 y 2008 en algunos municipios de los departamentos de Casanare, Meta y Boyacá. Los «falsos positivos” supusieron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha señalado que, solo en Casanare, los militares emplearon al menos 140 millones de pesos colombianos (unos 30.600 euros en la actualidad) provenientes de las arcas públicas para financiar sus acciones criminales.
Todo esto habría ocurrido bajo las órdenes de Torres, quien se estima que tuviera bajo su mando a unas 70 personas. La mayoría de las víctimas fueron hombres de entre 18 y 25 años, si bien es cierto que entre los civiles muertos se encuentran mujeres, alguna de ellas incluso embarazada.
Según ha explicado en rueda de prensa el juez Óscar Parra, los 22 acusados «llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar a personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate», y considera que «no se trataba de hechos aislados cometidos de manera espontánea».
Cactus24 25-07-22
