El Gobierno de Ecuador aceptó este miércoles volver a la mesa de diálogo con el movimiento indígena y con mediación de la Conferencia Episcopal, tras 17 días de un paro nacional indefinido.
«Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE)», anunció el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una rueda de prensa, haciendo referencia al máximo organismo de la Iglesia Católica en el país.
De acuerdo con el funcionario, este proceso de negociaciones con la mediación de la CEE se da a petición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), movimientos que lideran las protestas desde el pasado 13 de junio.
«Nosotros hemos decidido como Gobierno aceptar esa sugerencia», añadió Jiménez en la conferencia de prensa.
De acuerdo con el funcionario, la CEE será la que determine «la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión», para llegar a una solución definitiva en este conflicto. Esa institución también establecerá el lugar y la hora en la que se retomará el diálogo.
«Reiteramos que la voluntad del Gobierno nacional es, primero, garantizar la paz de los ecuatorianos y que, en función de ese criterio, no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar, por la vía del derecho y del respeto de la Constitución, a esa paz y a esa tranquilidad tan anhelada», manifestó Jiménez.
El titular del Ministerio de Gobierno exhortó a las partes en conflicto a que, en función de la aceptación del Ejecutivo de retomar el diálogo, «no se produzcan más brotes ni actos de violencia, ni durante la noche ni durante tempranas horas de la mañana», porque eso podría complicar que el proceso de negociación avance.
Durante el paro nacional, el Gobierno ha sostenido que las manifestaciones han estado cargadas de violencia y actos vandálicos. El movimiento indígena, por su parte, ha denunciado represión estatal y que las fuerzas de seguridad habrían infiltrado a algunos agentes en sus filas para provocar los hechos violentos, con el propósito de justificar las acciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes.
Diálogo interrumpido
El lunes se había iniciado el diálogo entre el Gobierno y representantes de la Conaie, la Fenocin y la Feine, invitados por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Virgilio Saquicela, con el acompañamiento de representantes de otras instituciones del Estado, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría del Pueblo.
No obstante, el martes, cuando se disponían a continuar con las conversaciones, el mandatario del país, Guillermo Lasso, anunció que el Gobierno se levantaba de la mesa de diálogo. «No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén, con quienes atacan nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos», dijo, y expresó que concretamente no dialogarían con Leonidas Iza, el presidente de la Conaie, a quien tildó de «oportunista».
El anuncio del mandatario se produjo luego de conocerse la muerte del sargento José Chimarro y el reporte de otros 12 militares y policías heridos durante un confuso incidente ocurrido en la madrugada del martes en Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, al nororiente de Ecuador.
Desde ambas partes ofrecen una versión distinta de ese hecho. El Gobierno sostiene que «violentos» atacaron a los uniformados, mientras que desde la Conaie señalan que el ataque vino de los militares y policías a las zonas donde había protestas.
Puntos sustanciales
En el primer día de conversaciones, el pasado lunes, se alcanzó un acuerdo. El Gobierno aceptó derogar el Decreto 95, emitido por Lasso el año pasado, en el que se expidió la política de hidrocarburos y un ‘Plan de Acción Inmediato’ para el desarrollo del sector hidrocarburífero.
Ahora, se espera que avancen en la demanda que ha hecho el movimiento indígena sobre la reducción y congelación de los precios de los combustibles. El pedido de los manifestantes es bajar el costo del galón del diésel de 1,90 dólares a 1,50 y la gasolina extra y ecopaís de 2,55 a 2,10, así como entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio; hasta ahora, la respuesta del Ejecutivo fue disminuir 10 centavos de dólar.
También se prevé que se aborde la demanda de derogación del Decreto 151, igualmente emitido por Lasso en 2021, en el que se publicó el «Plan de Acción para el Sector Minero».
De acuerdo con la Conaie, hasta el lunes, previo al inicio del diálogo, habían conseguido respuestas del Gobierno en al menos cinco de los 10 puntos de la agenda que presentaron al Ejecutivo al inicio de las protestas.
En 17 días del paro nacional indefinido, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que aglutina a 15 agrupaciones, se han registrado seis fallecidos, 331 heridos y 152 detenidos.
Cactus24 30-06-22
