En abril se cumplieron tres años de la detención de cinco personas por presunto tráfico de sustancias ilícitas, asociación para delinquir y tráfico de armas, y todavía no se conoce un veredicto, ni siquiera se han tomado en consideración que dos de los procesados cuentan con hasta cinco informes psiquiátricos y psicológicos de diversas medicaturas, que los ubican en condición especial.
De acuerdo a lo expuesto por familiares, la jueza siguen sin dar despacho desde hace meses a pesar de que el juicio ya agotó su fase de evacuación de pruebas, ya no tiene nada que incorporar y solo se espera el dictamen, que según las pruebas evacuadas y los mismos informes psiquiátricos, dejarían en libertad a la mayoría de estos.
Temen familiares que el juicio nuevamente sea anulado como sucedió en el 2021 y esto reintegre a su fase inicial el proceso, lo que perjudica a los procesados que se mantendrían presos y lejos de una libertad que parece la más correcta debido a que, a pesar de ser detenidos por casos de droga, a ninguno le incautaron siquiera un envoltorio.
Los detenidos permanecen en la delegación municipal Dabajuro del Cicpc y a favor de ellos se han solicitado medidas cautelares menos gravosas o libertad dados los informes psiquiátricos, sin embargo y a pesar de tal discapacidad mental, siguen detenidos. Se trata de José Leonardo (58) y Víctor César Chirinos Jiménez (37). Uno de ellos es diabético e hipertenso, que amerita tratamiento permanente y control médico, difíciles de cumplir al estar preso.
A ellos y tres más los detuvieron el 17 de abril del 2017 en el sector El Tigre, parroquia Purureche, fundo Carrizalito-La Bomba, municipio Democracia del estado Falcón, en un procedimiento efectuado por el Cicpc.
El Cicpc los vinculó a una organización de tráfico de droga a partir de la incautación de maquinaria de excavación en su mayoría en desuso, una supuesta pista clandestina, combustible y algunas armas de cacería.
El exlegislador Miguel Ángel Paz, quien ha sido otro de los que ha salido en defensa de los detenidos, dice que el Cicpc usó testigos que no cumplían las formalidades y llevó a cabo una mala praxis policial al detener a obreros del campo que nada tienen que ver con narcotráfico. En cuanto a la pista aseguro que no hubo criterios técnicos, científicos ni empíricos para demostrar que era una pista, ni siquiera probar que había sido utilizada como tal.
Gerardo Morón Sánchez
Cactus24//19-05-2022
