En medio de las negociaciones que existen entre el Gobierno y la oposición de Venezuela para retomar el control de los activos confiscados al país en el extranjero, un tribunal español rechazó el recurso interpuesto por la administración del presidente Nicolás Maduro para disponer de 25 millones de euros pertenecientes a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Según el diario El Mundo, la jueza María Teresa Vázquez, del juzgado de lo Mercantil número de 9 de Madrid, España, denegó el acceso a los fondos bloqueados de la filial, que actualmente está bajo el control de una junta ‘ad hoc’ designada ilegalmente por el exdiputado opositor Juan Guaidó.
El Ejecutivo venezolano habría solicitado ante la Justicia española la suspensión de Enrique Castells, designado por Guaidó a mediados de 2019 como administrador único de la CVG en Europa, un nombramiento que fue considerado nulo e ilegal por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en marzo del año pasado. Caracas, además, exigía la aplicación de medidas cautelares.
No obstante, Vázquez no solo rechazó el recurso sino que le recriminó al Gobierno venezolano por utilizar la vía legal como «medida de presión» para recuperar los recursos que han sido bloqueados, según la información recogida por el diario español. Ese dinero, que pertenece al país suramericano, permanece retenido en al menos tres entidades bancarias de España, mientras se dirime una querella entre la administración de Maduro y los representantes de Guaidó.
¿Por qué hay una junta ‘ad hoc’?
La CVG es un conglomerado clave para Venezuela, ya que es la casa matriz de un conjunto de empresas básicas y estratégicas del Estado. La administración y designación de sus autoridades, por lo tanto, son competencia exclusiva del Ejecutivo Nacional y deben constar en Gaceta Oficial, cuestión que no ocurrió con el nombramiento de Castells ni de los otros miembros de la junta ‘ad hoc’
El problema con esa junta surge porque España, como parte de la Unión Europea, reconoció a Guaidó como «presidente interino» de Venezuela en 2019, después de su autoproclamación en una plaza. Debido a eso, en enero del año pasado, Castells fue admitido como representante único ante la CVG ante el registro mercantil español y tomó control de las oficinas en Madrid, tras despedir a los funcionarios que laboraban allí.
Sin embargo, a principios de este año, el bloque europeo dejó de tratar a Guaidó como mandatario y, en su lugar, ahora lo reconoce como simple «actor político». En ese contexto, la administración de Maduro habría presentado un recurso ante el Registro Mercantil para prohibir la inscripción a Castells, que también fue rechazado.
El objetivo de estas gestiones emprendidas por el Ejecutivo venezolano es recuperar los millonarios fondos del país para atender la actual crisis económica y sanitaria, que se ha agravado con la pandemia y las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. y la UE.
Cactus24 21-09-21
