En Venezuela es una costumbre que muchos políticos, o, quizás mejor dicho, politiqueros, expresan cualquier cosa que piensen que contribuye al logro de sus propósitos en ese campo, sin que su comportamiento guarde relación con lo que hayan expuesto, y contribuya al alcance de algún bienestar para la población.
El caso del diálogo gobierno oposición en busca de una solución a la calamitosa situación que se ha vivido durante ya unos cuantos años, es un buen ejemplo al respecto. Se ha ofrecido durante mucho tiempo, todos lo proclaman como algo indispensable, y todos se presentan como comprometidos con su éxito, pero no se ha producido algún resultado.
Se pueden apreciar discrepancias al respecto. Existen diferencias entre los seguidores del gobierno en cuanto al trato con la oposición. Se encuentra que Díosdado Cabello, por ejemplo, procura en forma radical que la oposición se sume a la suspensión de las sanciones internacionales que han sido aplicadas al gobierno, mientras que Héctor Rodríguez, por ejemplo, acepta conversar acerca de planteamientos de la oposición. También se aprecian diferencias, seguramente menores, entre los opositores, como Juan Guaido y Claudio Fermín, con relación al grado de ilegitimidad de Maduro como presidente y su permanencia en Miraflores.
Sin embargo, el conflicto es obviamente mayor, muy difícil de resolver, porque mientras el gobierno, como si se tratara de una situación normal, pretende mantener el poder y ejercerlo durante el correspondiente período constitucional, el cual en este caso vencería en enero de 2025, y luego, a su vencimiento, proceder a la elección del nuevo gobierno, la oposición, la parte que dado su tamaño se considera la significativa de la confrontación, plantea que se debe producir el cambio de gobierno porque el gobierno no ha sido elegido y ha sido sustituido temporalmente por el Presidente de la Asamblea Nacional, y porque ha cumplido una gestión pésima. En síntesis, se reúne ilegitimidad de origen y de desempeño. Más aún, también se registra complejidad a escala internacional dado que cada parte ha recibido reconocimiento institucional de gobiernos de otros países, aunque con fundamentación institucional legítima solo en el caso de algunos de ellos. Se trata de dos partes, cada una con atributos relativos al Poder Ejecutivo. Es fácil comprender el razonamiento de cada parte para fundamentar su objetivo.
Se puede analizar esta situación en muchas formas distintas, y durante mucho tiempo, y no se vislumbra una solución fácil. Una salida aparentemente lógica es someter la situación a la voluntad del pueblo venezolano mediante la elección de un nuevo Presidente de la República, la cual luce legítima dado que está de por medio la voluntad del soberano, y también que de esta manera se repararía la ilegitimidad achacada a Maduro. Sin embargo, más allá de legitimidad, se puede asumir con certeza que el gobierno no aceptaría esta solución. Por su parte, también se sabe que la oposición tampoco acepta la permanencia de Maduro en Miraflores.
Todavía se puede comentar la elección de noviembre, la cual puede mostrar, entre sus posibles resultados, un mayor desinterés por parte de la población, hasta el punto de que los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales que resulten elegidos correspondan a lo que se puede denominar la menos pequeña votación. El revocatorio como solución, que significa aguantar a Maduro un tiempo adicional, puede ser atractivo para éste porque exige una votación en su contra mayor que la que él obtuvo en 2013, objetada por Capriles. Finalmente, se puede agregar una Asamblea Nacional Constituyente, la cual sería especial dada su convocatoria fundada en el artículo 348 de nuestra Constitución y el gran respaldo que se ha anunciado por parte de factores institucionales internacionales.
No es posible saber qué piensan los propiciadores y asesores de esta negociación que luce tan imposible. Se acepta la posibilidad de suspender las sanciones internacionales involucradas, aunque algunas no puedan serlo dada su gravedad. Se puede lograr la libertad para los presos políticos, restablecer la situación institucional de partidos políticos y en general suspender la violación de derechos humanos y el ejercicio ilegítimo del poder. Se puede confiar en que la historia democrática de Venezuela a partir de 1958 es recuperable. Sin embargo, puede esperarse que el gobierno que no acepta la elección presidencial, acepte y acate la Asamblea Nacional Constituyente especial?.
Con o sin negociación, con o sin acuerdo, la situación tiene que resolverse de manera que los venezolanos podamos sobrevivir. Se acepta la “posibilidad” de que el chavecismo pueda conservar el ejercicio del poder sin límite de tiempo definido, algo parecido a la experiencia cubana. Pero eso no es “probable”. Más aún, con base en lo que sostienen muchas voces creíbles, esta solución debe concretarse muy pronto porque luce que el tiempo para alcanzarla no se puede estirar.
Cactus24 (30-09-2021)
