La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) exigió este domingo el fin de las sanciones a Venezuela, puesto que considera que impiden «enfrentar de forma efectiva» la covid-19.
En un comunicado, la ALBA recordó que «el bloqueo arbitrario realizado por parte de una institución financiera» ha impedido que Venezuela pague diez millones de dólares al mecanismo Covax que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS) para comprar vacunas.
La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció esta semana que, desde el mecanismo Covax, se informó al Gobierno que parte de los recursos depositados por el país caribeño para la adquisición de vacunas «han sido bloqueados por un banco internacional y están bajo investigación».
«Con esta acción nadie puede negar que estas medidas coercitivas unilaterales son criminales», dijo la vicepresidenta.
El comunicado en el que Covax informa del bloqueo de estos fondos fue difundido posteriormente por el canciller Jorge Arreaza en Twitter, donde explica que el Ejecutivo ha recibido una notificación que detalla los depósitos efectuados por Venezuela y refleja también la retención de más de 10 millones de dólares por parte de la entidad bancaria.
Al respecto, el presidente Nicolás Maduro le exigió este viernes al mandatario estadounidense, Joe Biden, que «desbloquee el dinero de las vacunas» contra la covid-19 y subrayó que su Gobierno depositó «sus reales completos» al sistema Covax.
El mandatario explicó que han transferido «más de 100 millones de dólares (…) pero el sistema Covax vino y anunció (…) que los últimos 10 millones (…) hechos en cuatro depósitos diferentes, habían sido bloqueados por el Gobierno de los Estados Unidos».
Ante esta situación, la ALBA afirmó en su comunicado de este domingo que «esta acción ilegal es una consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los EEUU y sus efectos en el sector financiero» y consideró que «atentan contra el bienestar, la salud, la seguridad y el derecho a la vida de los pueblos».
A juicio de la alianza, el objetivo de estas medidas es el de «promover un cambio de régimen y el derrocamiento de gobiernos».
«La Alianza repudia el sostenimiento de medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela y resalta la necesidad de que se respeten plenamente todos los derechos humanos, en especial la vida y la salud», concluyó.
