En el futuro más inmediato, los expertos estiman que la categórica victoria que logró el «apruebo», con más del 78 % de los votos, implica que la redacción de un nuevo texto en un plazo máximo de un año «suavizará» las protestas iniciadas en 2019 contra el alza en el precio del billete de metro y convertidas luego en un clamor por un modelo socioeconómico más justo.
«Van a bajar la intensidad de las movilizaciones porque va a existir una forma de canalizar las demandas, pero no desaparecerán del todo», reconoció a Efe la jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Claudia Heiss.
La votación, la más importante en tres décadas de democracia, se planteó precisamente como la vía institucional para poner fin a la mayor crisis social desde el retorno a la democracia, que dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos, además de graves señalamientos por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Abril, primera cita
Además de pronunciarse a favor de una nueva Constitución, los chilenos decidieron por más del 79 % de los votos que el texto lo redactará una convención constituyente, formada íntegramente por 155 miembros de la sociedad civil (50 % mujeres y 50 % hombres) escogidos el próximo 11 de abril.
Esto convertirá al texto en la primera Constitución, de las tres que ha tenido Chile en sus 200 años de independencia (1833, 1925 y 1980), en no ser escrita «de puertas adentro».
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Esta elección de constituyentes se llevará a cabo el 11 de abril de 2021 y una vez instalada la convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, que se podrá prorrogar por tres meses, pero una sola vez.
Paridad de género
La paridad de género en la convención constituyente, en la que aún está por debatir si habrá escaños reservados para los pueblos indígenas, es uno de los mayores logros del potente movimiento feminista chileno, que ha estado muy presente en las protestas.
«Durante muchos años no nos llamó la atención que nuestros representantes fuesen hombres y hombres muy parecidos entre sí», aseguró a Efe la coordinadora en Chile de la Red de Politólogas de Latinoamérica, Julieta Suárez, quien deseó que la paridad se convierta en «obligación» en cualquier futura elección.
Para Karina Nohales, vocera de la Coordinadora 8M, la paridad no implica necesariamente que la Constitución vaya a ser «feminista», de ahí que uno de los mayores retos sea escoger a «mujeres dispuestas a defender lo que han sido las demandas históricas del movimiento».
Plebiscito, de salida para 2022
Una vez que la convención comunique que ha terminado su propuesta de texto, el presidente del país debe convocar a un nuevo plebiscito para que la ciudadanía lo apruebe o lo rechace, y a diferencia de este domingo, el voto será obligatorio para los que residen en Chile.
Este «plebiscito de salida» deberá realizarse 60 días después de que el presidente lo haya convocado.
Hasta que el nuevo texto no sea refrendado en ese plebiscito de salida seguirá vigente la actual Ley Fundamental.
Necesidad de grandes acuerdos
Las disposiciones del nuevo texto deberán ser aprobadas por dos tercios de los constituyentes, lo que va a derivar en «grandes acuerdos» y obligará a dejar de lado las posturas más radicales, según Heiss.
«El hecho de no tener una camisa de fuerza como la Constitución de 1980 va a permitir que se logren avances más socialdemócratas», apuntó.
De ratificarse en el plebiscito de salida, «Chile dará una señal importante a Latinoamérica, luego de procesos constituyentes que han sido conducidos por figuras populistas para perpetuarse en el poder», concluyó Javier Couso, catedrático de Derecho en la Universidad de Utrecht (Holanda).
¿De Neoliberal a Socialdemócrata?
Ideada por el neoliberal Jaime Guzmán, aunque reformada más de 50 veces en democracia, la Constitución de Pinochet es considerada la madre de las desigualdades del país por fomentar la privatización de servicios básicos.
Para gran parte de la sociedad chilena, el triunfo del «apruebo» supone una victoria de las demandas ciudadanas por un modelo socioeconómico más justo que emanaron de las calles en 2019 y que clamaban por «más derechos sociales».
«La Constitución no va a subir las pensiones, ni va a mejorar la educación o la sanidad. Lo que sí va a hacer es responder al problema de la deslegitimación de las instituciones, sentando las bases de unas nuevas que respondan a todas esas demandas», dijo a Efe Fernando Atria, constitucionalista y considerado el ideólogo de las protestas estudiantiles de 2011.//EFE
Cactus24/26-10-2020
