El Gobierno de Nicaragua prometió este miércoles, por primera ocasión desde el inicio de la crisis local, que dará «libertad definitiva» a los «presos políticos», y permitirá la libre expresión y prensa, «cumpliendo con la Constitución», en medio de presiones nacionales e internacionales.
El Gobierno hizo el anuncio en un folio que resume su programa «para consolidar estabilidad y paz en Nicaragua», luego de una nueva condena en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el anuncio de un paro nacional llamado por la oposición y al que diversos sectores empresariales han mostrado su respaldo.
En el documento, el Gobierno nicaragüense anunció «la liberación definitiva a más tardar el 18 de junio de 2019 de los excarcelados que se encuentran en sus casas en convivencia familiar o en arresto domiciliar».
No dice nada de los 809 detenidos en las cárceles, según cifra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se comprometió en marzo pasado a liberar.
Prometió, sin establecer fecha, «garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública», que se había prohibido en septiembre pasado para evitar protestas contra el presidente Daniel Ortega, sin embargo, advirtió que lo permitirá bajo «la Ley de la Materia», que la Policía ha interpretado a discreción.
De la misma manera reiteró su interés en llamar «a la comunidad internacional y organismos financieros internacionales, para el cese de la aplicación de sanciones y las amenazas de nuevas sanciones», mismas que hasta ahora solamente han afectado a algunos allegados y familiares de Ortega, aunque el Gobierno sostiene que perjudican al «pueblo de Nicaragua».
Sobre la libertad de prensa, detalló que sólo será permitida después de «hacer las auditorías pertinentes (…) a fin de determinar el buen uso de los equipos, insumos y materias primas exoneradas», y lo mismo anunció para las organizaciones sin fines de lucro, algunas de las cuales clausuró en diciembre pasado a través de la Asamblea Nacional.
El Gobierno también se mostró anuente a reformas electorales únicamente con la OEA, pero sin acceder al adelanto de las elecciones de 2021, tal como lo han recomendado diferentes sectores locales e internacionales.
El Ejecutivo también informó de que elevará a categoría de ley el «Plan Integral de Atención a las Víctimas» de la crisis, que ha sido criticado por supuestamente excluir a los opositores.
Además reiteró la vigencia del programa «Retorno Voluntario de los Nicaragüenses en el Exterior» que, según la oposición, no ofrece garantías de ley ni de seguridad a las decenas de miles que han huido al exilio.
De la misma manera ratificó «la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, por medio de sus organizaciones», que se traduce en reactivar los sindicatos en el sector privado.
Los anuncios del Gobierno también coinciden con la negativa de su contraparte en las negociaciones para superar la crisis, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a volver a la mesa de discusiones en tanto no sean liberados los «presos políticos», tras la muerte de uno de ellos en prisión, al recibir un disparo de un custodio en circunstancias no claras.
La oposición ha pedido al Gobierno «muestras concretas» de que cumplirá con sus compromisos.
La crisis que afecta a Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales cuentan hasta 593. El Gobierno reconoce 199.
Cactus24 22-05-19
