La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó este viernes reunirse con representantes del Gobierno de Nicaragua para encontrar una salida a la crisis local, en protesta por la muerte de un «preso político» durante los disturbios de ayer en la cárcel «La Modelo».
Los miembros de la Alianza se ausentaron esta mañana de la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en el sur de Managua, luego de advertir que no hay condiciones para negociar, debido a que en Nicaragua los opositores continúan muriendo a manos de funcionarios.
El Gobierno de Nicaragua confirmó que no habrá reunión entre las partes hasta el próximo lunes.
La suspensión fue causada por la muerte del «preso político» Eddy Montes Praslín, quien según el Gobierno recibió un disparo mientras forcejeaba con alguien no identificado, durante un motín en «La Modelo». La versión de los reos indica que el convicto huía de las detonaciones de los guardias cuando recibió un proyectil en la espalda.
Montes Praslín, quien tenía doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, estaba en una lista de 232 personas que el Gobierno había prometido liberar desde marzo pasado.
La reunión de este viernes tenía el propósito de establecer un calendario para que el Gobierno cumpliera su compromiso adquirido hace casi dos meses en la mesa de negociaciones con la Alianza, de liberar de inmediato a los «presos políticos».
Según la Alianza Cívica, al menos 809 personas se encuentran bajo algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua, casi el doble de los que reconoce el Gobierno, y que califica de «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
Además de la liberación de los «presos políticos», las partes ya habían acordado que el Gobierno respetaría la Constitución en lo referente a las libertades de expresión y de prensa, y se habían comprometido a abordar los temas de justicia para las víctimas de la crisis sociopolítica y el retorno de la democracia en Nicaragua.
Nicaragua vive una crisis que, desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega el 18 de abril de 2018, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ONGs locales cuentan hasta 593. El Gobierno reconoce 199.
Cactus24 17-05-19
