Este jueves comienza la fase final de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Responderá por cuatro supuestos «delitos de responsabilidad» que pueden llevar a su destitución, según se establece en la Constitución brasileña.
En ninguno de los casos, los cargos formulados contra Rousseff configuran delitos de tipo penal, pero sí de carácter administrativo y están tipificados en leyes que regulan el uso del dinero público.
La mandataria, suspendida de sus funciones desde que se instauró el proceso, el pasado 12 de mayo, ha sido acusada de emitir tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno.
Ambas operaciones están tipificadas como «infracciones» en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en vigor desde el año 2000, que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los presupuestos y en esos casos establece como pena la destitución y la pérdida de los derechos políticos por un lapso de ocho años.
En relación a los decretos, la acusación sostiene que ampliaron el límite de gastos autorizado previamente por el Congreso para el año 2015 en 1.750 millones de reales (unos 530 millones de dólares), lo cual aumentó el déficit público en un 1,5 %.
La defensa alega que esos decretos no precisaban de autorización parlamentaria, ya que se referían a ingresos no contemplados en el cálculo del presupuesto y que habían sido reservados por el Estado.
En el caso de los créditos, la acusación se refiere a reiterados atrasos del Gobierno en los depósitos que debía hacer en el estatal Banco do Brasil para costear diversos programas agrícolas y opciones de financiación en condiciones preferenciales para ese sector.
El Banco do Brasil era usado como agente de pagos, pero por las demoras del Gobierno en cubrir ese gasto, la institución se vio en la necesidad de cubrir esas obligaciones con recursos propios.
Según la acusación, esas demoras generaron elevados intereses, que debió cancelar el Gobierno, y de ese modo acabaron configurando créditos con el Banco do Brasil, con lo cual también se habría violado la Ley de Responsabilidad Fiscal, que veta esas operaciones.
En este caso, la defensa sostiene que en todos los Gobiernos que antecedieron a Rousseff se registraron atrasos similares y nunca han llegado a ser considerados como créditos.
También alega que la mandataria no tuvo ninguna participación directa en esas operaciones, que fueron gestionadas directamente por los ministerios de Hacienda y de Planificación.
La acusación ha aceptado ese último punto, pero afirma que aún así Rousseff incurrió en una grave «omisión» que, según la Ley de Responsabilidad Fiscal, también es condenada con la destitución y la pérdida de todos los derechos políticos durante ocho años.
La fase final del juicio político comenzará este jueves y será dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, como corresponsable y garante constitucional del proceso.
Según las previsiones del Senado, la votación en que finalmente se decidirá si Rousseff es culpable y por tanto debe ser despojada del cargo, se celebrará entre el martes y el miércoles de la semana próxima.
Cactus24 (25/08/2016).
