Oposición afirma que el Ministerio Público busca «eludir» al CPI sobre investigaciones de homicidios

CAR14. CARACAS (VENEZUELA), 15/08/2017.- La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, asiste al hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo hoy, martes 15 de agosto de 2017, en Caracas (Venezuela). El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, acordó hoy citar al fiscal general, Tarek Saab, para que declare sobre el informe de la ONU en el que se acusa a las autoridades de maltrato sistemático y generalizado a miles de manifestantes y detenciones arbitrarias en los últimos meses. La Asamblea Nacional que no detalló para cuándo fue citado Saab, también acordó transcribir el debate que se realizó sobre el informe de la ONU para que sea añadido a la documentación presentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. EFE/Miguel Gutiérrez

La oposición aseguró este lunes que el Ministerio Público del Gobierno está pretendiendo eludir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) al ordenar ampliar las investigaciones de los homicidios del concejal Fernando Albán, el manifestante Juan Pablo Pernalete y el militar Rafael Acosta Arévalo, tres casos emblemáticos en el país.

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“¿Por qué hemos visto que el señor que representa al Gobierno, el abogado de Tarek William Saab emitir las declaraciones (sobre Albán, Pernalete y Acosta Arévalo)? Por una sola razón, no es porque se arrepintieron, no es porque quieren que se haga justicia, están pretendiendo eludir la competencia de la CPI”, dijo la representante de oposición Delsa Solórzano en una rueda de prensa.

Tarek William Saab sumó los delitos de” homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga” al de “quebrantamiento de normas de custodia” a los dos funcionarios implicados en la muerte del concejal Albán, quien falleció en prisión en 2018, al caer de un décimo piso.

El fiscal explicó que su despacho solicitó a un tribunal la nulidad de la primera acusación -delito de quebrantamiento de normas de custodia- por observar violaciones de garantías constitucionales y que dicha anulación fue acordada, aunque se reactivó en una posterior solicitud del Ministerio Público.

En cuanto, al caso de Pernalete, quien murió en las protestas de abril de 2017, Saab confirmó que falleció producto de un impacto de bomba lacrimógena y que por ello hay 12 funcionarios imputados, según efe.

Sobre el capitán Acosta Arévalo, recordó que hubo una decisión  en octubre de 2020 que ordenó una nueva investigación sobre circunstancias de su muerte.

Cactus24/03-05-2021