El Contralor General de República, Manuel Galindo Ballesteros, expresó este jueves durante el programa Entrevista Venevisión, que la instancia que preside no posee competencia para proceder en inhabilitaciones políticas.
“Las inhabilitación política las aplica la Asamblea Nacional, nosotros hacemos inhabilitaciones desde el punto de vista administrativo, es decir separación de la función pública, en el caso de que algún funcionario resulte con un hallazgo que no lo califica como honesto para que siga administrando los recursos del Estado”, detalló.
Con relación a la articulación del ejercicio de la Contraloría General de la República con la Asamblea Nacional, Galindo señaló que el Poder Legislativo cuenta con una Comisión Permanente de Contraloría, sin embargo dejó claro que dicha delegación debe respetar la autonomía de la CGR.
Asimismo precisó que el órgano contralor carece de competencia para opinar de manera directa cuando un funcionario público es llamado a comparecer en el seno de la Asamblea Nacional, “le corresponde a la Comisión Permanente de Contraloría pasar los resultados que haya obtenido de las declaraciones, evaluaríamos y de existir pruebas suficientes para proceder a la apertura de un procedimiento administrativo lo haríamos, pero hasta ahora no hay ningún caso relacionado”.
A su juicio Venezuela cuenta con las mejores herramientas para la lucha contra la corrupción, “Tenemos una Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, muy completa revisada en dos o tres oportunidades, que inclusive da competencia a la procuraduría general de la república para el rescate de los bienes de corrupción”.
Galindo recordó que la Declaración Jurada de Patrimonio estará vigente hasta el 31 de julio, en la que todos los funcionarios de alto nivel y de confianza tanto nacional, estatal y municipal deben cumplir, “todos los días son hábiles y se puede hacer desde cualquier parte del mundo”, añadió.
Consideró que ante la corrupción este compromiso es de suma importancia, la cual obliga a que cada funcionario haga de conocimiento a la CGR sobre los activos y pasivos que manejó durante el año. Una vez culminado el proceso se procede a una verificación de cada funcionario, “de existir algunas irregularidades se aplicarán sanciones que pueden ir desde una multa comprendida entre 50 a 500 UT y si es reincidente puede tener inhabilitación hasta por doce meses”.
Cactus24 (07/07/2016).
