Las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) capturaron este lunes en Maracaibo, estado Zulia, a la exsenadora colombiana Aida Merlano, solicitada con Alerta Roja de Interpol.
La exlegisladora ingresó al territorio venezolano de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano indocumentado, detalló en Instagram el director de las Faes Miguel Domínguez.
“Ambos fueron trasladados y puestos a la orden del Ministerio Público. ¡Seguiremos trabajando para garantizar la seguridad, la paz y la Soberanía de nuestro pueblo!”, afirmó la autoridad policial.
La detención de Aida Merlano, solicitada por diversos delitos entre ellos concierto para delinquir y compra de votos, supone un gran dilema para el gobierno de Iván Duque.
Esta captura deja en una situación complicada al gobierno de Iván Duque, que debería solicitar ayuda a las autoridades venezolanas para pedir la extradición de Merlano y que así pueda seguir cumpliendo la condena en Colombia.
Sin embargo, las malas relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro le sitúan en una encrucijada.
En las redes sociales, varios se preguntan si Duque debería pedir ayuda a Maduro o a Juan Guaidó, a quien más de medio centenar de países reconocen como presidente «interino».
Una fuga de película
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) dijo cuando Merlano se fugó que había activado un «Plan candado» para recapturarla, al tiempo que investigaba cómo se le había otorgado el permiso para asistir a la cita con el dentista.
Un video tomado aquel 1 de octubre día por una cámara de seguridad mostró una soga en la calle, a plena luz del día, y a Merlano descolgándose abruptamente de ella, para sorpresa de los transeúntes, que trataban de auxiliarla.
Luego se puso en pie y huyó en una motocicleta que la esperaba en la calle.
Merlano, de 43 años, fue representante en la Cámara Baja entre 2014 y 2018.
Fue luego elegida al Senado para el período 2018-2022, pero no asumió el cargo acusada de fraude electoral.
La detuvieron por superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de las campañas electorales. Se excedió en cerca de US$500.000, según la Fiscalía General.
También se le acusa de haber comprado votos, de corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas.
Cactus24 (28-01-2020)
