En sesión extraordinaria la Asamblea Nacional emitió un acuerdo para exigir la liberación del diputado Juan Requesens, rechazar la orden de detención emitida contra julio Borges y para desconocer la decisión de la ANC de allanar la inmunidad parlamentaria de ambos diputados.

El acuerdo reza:

PRIMERO: Exigir la liberación inmediata del diputado Juan Requesens y
declarar que su detención, además de arbitraria, debe ser calificada como
un caso de desaparición forzada, lo cual compromete la responsabilidad
personal de todos los funcionarios que participaron en esa detención, en
particular del ciudadano Nicolás Maduro Moros, a tenor de lo establecido
en el artículo 29 de la Constitución.

SEGUNDO: Declarar que la orden de detención del diputado Julio Borges
es de naturaleza política, y por lo tanto, no debe ser reconocida por
ningún Tribunal extranjero u organismo internacional.

TERCERO: Declarar inexistente la decisión de la ilegítima asamblea
nacional constituyente de allanar la inmunidad parlamentaria de los
diputados Juan Requesens y Julio Borges, de conformidad con el artículo
138 de la Constitución, y señalar la responsabilidad penal en la cual
incurren Nicolás Maduro Moros, magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia implicados, miembros de la ilegítima y fraudulenta asamblea
nacional constituyente y demás funcionarios involucrados, de
conformidad con el artículo 200 de la Constitución.

CUARTO: Ratificar que el régimen de Nicolás Maduro Moros, a través de
vías de hecho amparadas en la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional
constituyente, ejecuta políticas de violación sistemática de derechos
humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales
podrían ser eventualmente juzgados ante la Corte Penal Internacional, de
conformidad con los términos establecidos en el Estatuto de Roma.

QUINTO: Ratificar que, de conformidad con los artículos 333 y 350 de la
Constitución, las actuaciones de hecho perpetradas por el régimen de
Nicolás Maduro Moros deben ser desconocidas sin que generen el deber
de obediencia legítima, con lo cual, todo funcionario tiene el derecho y el
deber de desobedecer órdenes relacionadas con las actuaciones a las
cuales se contrae el presente Acuerdo, pues de lo contrario podría estar
comprometiendo su responsabilidad personal.

SEXTO: Notificar del presente Acuerdo al cuerpo diplomático y a los
demás poderes públicos.

Cactus24 09-08-18