La visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández a la mina de Crucitas este viernes le confirmó lo que ya sabía, los criminales le perdieron el miedo y el respeto a la autoridad.
Las declaraciones de la mandataria surgen luego de una detonación que hizo, que la gira fuera suspendida por razones de seguridad.
“Yo creo que aquí lo que se perdió por completo fue el respeto por la autoridad. Esto es tierra de nadie, lo que hacemos nosotros es una gota de agua, en una plancha hirviendo. A ellos no les importa que estemos aquí, ellos siguen robándose el oro a pesar de que estamos aquí”, dijo Fernández.
La mandataria destacó que “los criminales, las bandas criminales son las que están aquí”.
“No se trata de una persona que viene a extraer oro, no, son grupos armados y peligrosos”, explicó.
En ese sentido, hizo un llamado a los diputados para que avancen cuanto antes con la aprobación del proyecto de ley que serviría para que el Estado pueda subastar el oro de la zona.
Según ella, el plan ya está suficientemente maduro para su votación en primer debate, pero la oposición del PLN y el Frente Amplio tienen frenado la iniciativa.
“Yo no estoy de acuerdo con presentar un nuevo proyecto, ya que esta iniciativa ya pasó por todas las etapas del Congreso. Recordemos que se construyó con la opinión de expertos, del Frente Amplio, el PLN, del partido oficialista y otros. Ya se hizo ese trabajo, el proyecto se ha mejorado, lo que corresponde no es devolvernos en el tiempo y descubrir el agua con dulce”, explicó.
La falta de avances en la Asamblea Legislativa ha permitido que el oro extraído de Crucitas continúe siendo aprovechado por organizaciones criminales, mientras la zona enfrenta una creciente degradación ambiental.
Según indicó el gobierno, la situación representa una contradicción para Costa Rica, país reconocido internacionalmente por sus esfuerzos en conservación ambiental.
La iniciativa del Gobierno propone un mecanismo de subasta al alza, mediante el cual se establecería un precio base por onza de oro y los interesados competirían ofreciendo montos superiores, con el objetivo de maximizar los beneficios económicos para el Estado.
