El caso del feminicidio de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza asesinada el 15 de abril en un departamento de Polanco, continúa avanzando en el proceso de extradición de Erika María Guadalupe “N”, señalada por autoridades mexicanas como presunta responsable del crimen y detenida recientemente en Venezuela.
La información fue dada a conocer por medios como Infobae, además de reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República e información relacionada publicada por medios internacionales. Hasta ahora, las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación por el delito de feminicidio y trabajan en coordinación con instancias venezolanas e Interpol para concretar el traslado de la acusada a territorio nacional.
Las autoridades identificaron como principal sospechosa a su suegra, Erika María Guadalupe “N”, de 63 años. Según reportes periodísticos y documentos citados en la investigación, el crimen ocurrió mientras también se encontraban presentes el esposo de Carolina y el bebé de ambos, de apenas ocho meses.
Tras el asesinato, las autoridades señalaron que Erika “N” salió de México rumbo a Venezuela. La fuga provocó que la Fiscalía General de la República solicitara una ficha roja de Interpol para localizarla en el extranjero.
Días después, autoridades venezolanas confirmaron su captura en Caracas como parte de la cooperación internacional entre ambos países.
De acuerdo con los reportes, la mujer permanecía escondida en una zona residencial de Venezuela mientras avanzaban las investigaciones.
La detención representó un paso clave para que México pudiera iniciar formalmente el procedimiento de extradición y buscar que enfrente a la justicia mexicana.
México y Venezuela cuentan con un tratado de extradición firmado desde 1998. En caso de concretarse la extradición, la acusada será puesta a disposición de autoridades mexicanas y presentada ante un juez.
Posteriormente se desarrollará el proceso penal correspondiente por el delito de feminicidio. En México, este delito puede alcanzar penas de hasta 70 años de prisión dependiendo de las agravantes y de cómo se desarrolle el juicio.
Las autoridades también deberán determinar si existen responsabilidades adicionales de otras personas relacionadas con el caso.
De acuerdo con información publicada por Infobae, autoridades analizan indicios sobre presunto apoyo económico y comunicación con familiares durante el tiempo que estuvo prófuga en Venezuela.
Cactus24 12-05-26
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