La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) emitió este miércoles un enérgico llamado a garantizar la «independencia absoluta» del sistema judicial venezolano. En el marco del proceso de selección para los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, la coalición opositora advirtió que estas designaciones deben regirse por criterios de autonomía institucional y no por intereses partidistas.
A través de un comunicado oficial, la PUD manifestó su preocupación ante lo que denominan una política de «cooptación» del Estado que ha persistido por más de dos décadas, alertando sobre posibles «acuerdos opacos» que puedan viciar la transparencia del proceso.
Un pilar para la transición democrática
Para la alianza opositora, la autonomía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no es un asunto administrativo, sino un requisito indispensable para la normalización institucional del país.
Según el documento, un sistema de justicia independiente es la clave para garantizar investigaciones imparciales y el acceso real a la justicia, restablecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, poner fin a la persecución política, evitando que el sistema penal se utilice como herramienta de intimidación contra la disidencia.
La PUD subrayó que la figura del Fiscal General es fundamental para reconstruir el Estado de derecho. El comunicado enfatiza que este funcionario debe velar por el debido proceso y ejercer la acción penal en nombre del Estado, sin subordinación a ninguna parcialidad política.
«No se trata de un cargo más: es fundamental para evitar que las instituciones se utilicen para encarcelar o silenciar a quienes piensan distinto», reza el texto de la coalición.
La Plataforma Unitaria fue enfática al señalar que la designación de las autoridades del Poder Ciudadano no puede ser moneda de cambio en negociaciones políticas. Por el contrario, sostienen que este paso es una condición «imprescindible» para cualquier proceso real de democratización y transición en Venezuela.
«Venezuela necesita instituciones al servicio de la ley y de los derechos de todos, no funcionarios sometidos a un esquema que pretende perpetuar el control sobre los órganos fundamentales del Estado», concluyó la organización.
