El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, anunció que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional pidió suspender la aplicación de la nueva ley sobre el uso obligatorio del hiyab, diseñada para imponer sanciones más severas a las mujeres que no lo porten.
La decisión surge en medio de divisiones entre legisladores conservadores y el temor a nuevas protestas sociales como las que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini.
Luchas de poder tras bastidores
La decisión pone de relieve la intensificación de la lucha entre las facciones ultraconservadoras de Irán, que exigen una aplicación inmediata, y las instituciones estatales que tratan de evitar un mayor malestar social.
En los últimos meses, los grupos de línea dura y de vigilancia religiosa han aumentado la presión sobre las autoridades para que hagan cumplir la ley, llegando incluso a organizar sentadas frente al Parlamento que finalmente fueron disueltas por la policía.
Mohammad-Mannan Raisi, un diputado militante estrechamente alineado con el ultraconservador Frente Paydari (Firmeza), acusó recientemente al SNSC de traicionar a los principales partidarios de la República Islámica al detener la aplicación de lo que llamó «los mandamientos de Dios».
La decisión del SNSC en septiembre de 2024 de archivar discretamente la ley se produjo tras una ola de rechazo público, similar a las protestas que estallaron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial. Los disturbios marcaron uno de los desafíos más importantes para la República Islámica en décadas.
Cactus24 (26-05-2025)
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