Una corte de apelaciones basada en Boston rechazó este lunes la petición del gobierno de Donald Trump para revocar el ‘parole’ humanitario (conocido como CHNV) de más de 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que residen en Estados Unidos.
El tribunal decidió mantener la orden de una jueza que en abril bloqueó temporalmente la decisión del Ejecutivo de finalizar el estatus legal temporal otorgado a estos inmigrantes durante la presidencia de Joe Biden, que les permitía ingresar al país legalmente y trabajar durante un máximo de dos años.
La corte de apelaciones decidió mantener la orden de la magistrada Indira Talwani, que el mes pasado suspendió la finalización del ‘parole’ por tratar de revocarse sin una revisión «caso por caso».
«Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de su cuenta en línea del USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU) informándoles que su permiso de trabajo está siendo revocado sin una revisión caso por caso (…) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial», se leía en el documento de la jueza.
Talwani, designada por el presidente demócrata Barack Obama, escribió que el gobierno no ha demostrado «ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en EEUU por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado)».
“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, agregó.
Durante una audiencia previa, Talwani ya cuestionó el argumento del gobierno para finalizar el programa, en particular cuando defendía que el ‘parole’ CHNV ya no cumplía su propósito. Aseguró que los inmigrantes bajo este programa ahora enfrentan la opción de «huir del país» o quedarse y «arriesgarse a perderlo todo».
«La secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi Noem), al acortar el período de ‘parole’ otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada», dijo la jueza al argumentar que la justificación para finalizar el programa se basó en una interpretación incorrecta de la ley.
Karen Tumlin, abogada cuyo grupo de derechos de los inmigrantes, Justice Action Center, celebró la decisión tomada este lunes por la corte de apelaciones y calificó las acciones del gobierno de «imprudentes e ilegales», informó Univisión.
Cactus24 06-05-2025
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