Con varias carreteras interrumpidas, Bolivia está semiparalizada por las protestas de campesinos que desde hace nueve días piden «el cese de la persecución judicial» contra su líder, Evo Morales, investigado por el presunto abuso de una menor cuando era presidente.
La mayoría de las protestas se ha concentrado en Cochabamba, en el centro del país, donde el exmandatario de 64 años tiene su base política.
Con piedras, tierra y fogatas, los campesinos han interrumpido vías que conectan ese departamento con La Paz (oeste), Santa Cruz (este), Sucre (sur) y Potosí (sur).
Este miércoles los choferes de transporte público de La Paz anunciaron que también tomarán esta ciudad por 24 horas debido a la escasez de combustibles.
Pero la falta de diálogo entre manifestantes y gobierno, así como el silencio de la fiscalía sobre la «aprehensión» que anunció contra Morales, investigado por «estupro, trata y tráfico de personas», aprietan aún más el nudo que inmoviliza a Bolivia.
Enfrentados por la candidatura de la izquierda oficialista para las elecciones de 2025, Morales acusa al presidente Luis Arce, su exministro, de intentar «proscribirlo» de la carrera presidencial con la apertura de múltiples investigaciones penales.
Aunque las protestas comenzaron con la intención de evitar la posible captura del líder aimara, ahora exigen que Arce encuentre una salida a la crisis derivada de la falta de dólares y combustibles.
Diálogo en punto muerto
«La cultura política de Bolivia en general es demasiado caudillista (…). Todo eso hace que este sea un escenario donde concertar, dialogar, pactar, es casi imposible», anota Daniel Valverde, profesor de ciencia política de la universidad René Moreno.
Los colectivos próximos al líder cocalero enviaron una carta a Arce para exigir, además del «cese de la persecución judicial» del líder aimara, su reconocimiento como candidato oficialista y la derogación de un paquete de normas.
«No vamos a ceder ante quienes quieren incendiar el país para protegerse de acusaciones personales ante las cuales deben dar la cara», respondió Arce.
Los bloqueos pasaron de cuatro puntos a 20 desde el inicio de las protestas.
Hasta el momento se han reportado enfrentamientos en los sectores de Parotani, Pojo, Epizana y Caracollo, en Cochabamba. En Puente Ichilo, en Santa Cruz, este martes unos 700 policías desbloquearon la vía con gases lacrimógenos, pero luego fueron repelidos por los manifestantes.
«Se esperaba es que este sea un gobierno de reconciliación para sanar las fracturas de la crisis del 2019», agrega Valverde.
Expediente sin novedad
El detonante de los bloqueos fue el anuncio de la fiscal Sandra Gutiérrez de que preparaba una orden de aprehensión contra Morales por el presunto abuso a una menor con quien tuvo una hija cuando era mandatario. Pero luego no volvió a pronunciarse sobre la investigación.
El exmandatario asegura que se trata de «otra mentira más», pues el mismo caso se investigó y archivó en 2020.
Sus partidarios exigen a Arce que detenga la investigación en su contra, a pesar de que eso está en manos de una entidad de justicia autónoma.
«Hay demasiados indicios de que las instituciones, y en este caso el Ministerio Público, deben estar en una pulseada interna, tratando de medir. Porque de salir una orden de aprehensión, hay que reconocer que al gobierno se le pone cuesta arriba el panorama» con respecto a las movilizaciones, opina Valverde.
Economía estancada
Mientras los campesinos protestan también por la difícil situación que atraviesa el país, los bloqueos llevan al límite la crisis económica.
Las pérdidas económicas por los bloqueos, que empezaron el 14 de octubre, alcanzan al menos los 81 millones de dólares, según informó el Ministerio de Economía a la AFP.
Los dos principales polos económicos de Bolivia, La Paz y Santa Cruz, están separados por Cochabamba, la tercera región en producción que sirve de zona de paso.
«Cuando se interrumpe esta carretera se corta la conexión entre los centros más dinámicos del país y eso tiene un impacto fuerte en la economía», advierte José Luis Evia, economista y exmiembro del directorio del Banco Central de Bolivia.
El contexto económico no es el más favorable: el país registró en septiembre una inflación interanual del 6,2%, la más alta desde julio de 2014.
«Esto podría mejorarse si se encontraran fuentes externas de financiamiento, pero el tamaño del hueco es tan grande que es muy difícil hallar una», concluye Evia.
Cactus24 23-10-24
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