El Gobierno argentino declaró a la compañía estatal Aerolíneas Argentinas como una empresa sujeta a privatización a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
«Declárase sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, a la empresa Aerolíneas Argentinas», consigna en su primer artículo el decreto 873.
La gestión que preside Javier Milei adoptó esta medida habida cuenta de que «luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados».
«A lo largo de este período, la empresa presentó marcadas pérdidas, las cuales fueron mitigadas a través del aporte del Tesoro Nacional con el fin de garantizar la continuidad operativa», puntualizó el Gobierno.
El Ejecutivo también sostuvo que los empleados de Aerolíneas Argentinas «mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación descrita».
El decreto detalla que la empresa está sobredimensionada, al contar con una dotación de 1.107 pilotos de línea para 81 aeronaves activas, «un número desproporcionado con relación a los estándares de la industria a nivel mundial».
Desde la estatización de Aerolíneas en 2008, el Estado tuvo que desembolsar 8.000 millones de dólares, sin que la empresa pudiera solucionar su déficit.
Además, el Estado fue condenado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, remarcó el Gobierno en las consideraciones del decreto.
La actual Administración insistió en que su prioridad es lograr el equilibrio fiscal, recordó que la pobreza en el primer semestre alcanzó al 52,9% de la población, y coligió que «se torna necesaria la transferencia al sector privado de aquellos entes, cuya actuación en el ámbito estatal ya no encuentra sustento».
Según el Gobierno de Milei, la privatización de Aerolíneas «y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente».
En sus consideraciones, el Ejecutivo que preside Javier Milei argumentó que heredó una «excesiva estructura descentralizada» integrada por más de 60 empresas estatales, y que en 2023, solo siete obtuvieron ganancias y cuatro no requirieron aporte de los fondos del Tesoro.
En su objetivo de desregular la economía, la actual gestión ya había señalado en un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que entró en vigor en diciembre que la política aeronáutica argentina limitó «el desarrollo de la industria aerocomercial, pilar fundamental no solo de su integración federal, sino fundamentalmente del desarrollo económico y turístico».
El Gobierno reconoció que había comenzado a explorar con empresas privadas latinoamericanas la concesión de las operaciones de la aerolínea de bandera, en el marco de unas medidas de fuerza que han adoptado los gremios aeronáuticos por conflictos salariales.
Constituida en 1950, privatizada en 1989 y reestatizada en 2008, Aerolíneas fue excluida de las empresas a ser privatizadas en una ley clave para la actual gestión sancionada en el Congreso el 28 de junio, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Estado contable
En 2023, Aerolíneas Argentinas tuvo una pérdida de 90 millones de dólares, según certificó la Auditoría General de la Nación, pero no recibió ningún aporte del Estado porque no tuvo necesidad de ejecutarlo.
Fuentes de la empresa indicaron a Sputnik que el Gobierno no reconoce esta cifra y que a su juicio, la empresa tuvo un déficit de 200 millones de dólares, y que su pasivo neto operativo, antes de descontar impuestos e intereses, ascendió a 390 millones de dólares.
La empresa opera en la actualidad dos tercios de los vuelos nacionales y cuenta con más de 11.000 trabajadores.
Cactus24 02-10-24
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