Venezuela estaría obligada a defender sus derechos sobre el territorio Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de aprobarse la Ley para la Defensa de la Guayana Esequiba.
La ONG Control Ciudadano afirma que la modificación de uno de sus artículos contempla el deber para el Estado de ser garante de los intereses del país ante organismos judiciales, como el referido tribunal mundial.
En segunda discusión del proyecto de Ley para la Defensa de la Guayana Esequiba se incorporó el deber para el Estado de defender los intereses de la República ante instancias judiciales, es decir la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esto es positivo, está privando la racionalidad», señaló este jueves a través de X la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, en referencia al debate de este instrumento legal en el seno de la Asamblea Nacional (AN).
La ONG se refirió hoy, en un comunicado de prensa, a la segunda discusión de esa ley que inició el pasado martes 9 de enero en la AN. Añadió que la actividad parlamentaria solo pudo avanzar hasta el artículo 8, a la espera de nuevas observaciones al proyecto de ley, en el marco de la consulta pública.
Destacó dos nuevas incorporaciones en la redacción del proyecto, que considera «positivas».
La primera, un nuevo numeral para el artículo 2, que reza lo siguiente:
«Establecer las normas básicas para la exploración, ubicación, recopilación, aseguramiento, sistematización y disposición de información relevante respecto a la defensa de los derechos de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el territorio de la Guayana Esequiba, con el objeto de contribuir con (…) las actividades de defensa judicial y extrajudicial (…) relacionados con tales derechos”.
La segunda, un nuevo párrafo para el artículo 6, precisamente el que obligaría a Venezuela a hacer “(…) uso de los medios procesales disponibles para rechazar las pretensiones de cualquier tribunal o corte, incluyendo tribunales arbitrales y la Corte Internacional de Justicia de atribuirse jurisdicción para conocer o resolver asuntos relacionados con su independencia e integridad territorial”.
En este sentido, Control Ciudadano considera que las previsiones incorporadas en los artículos 2 y 6 del proyecto de Ley son positivas, pues «obligan a defender el caso ante la CIJ sin titubeos».
Esto permitiría «actividades de ‘defensa judicial’ para el Estado, y rechazar ante esta instancia internacional, argumentadamente y con pruebas, las pretensiones de Guyana de hacer valer el Laudo Arbitral de 1899, que Venezuela considera nulo como mecanismo para establecer la línea limítrofe entre ambos países».
«Aunque Venezuela acordó en el referendo consultivo del pasado 3 de diciembre no reconocer la jurisdicción de la CIJ para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba; por la vía de esta Ley, que se espera sea aprobada próximamente, se abre certeramente el deber para el Estado de defender los intereses de la República en esa instancia internacional», enfatiza la ONG.
A juicio de Control Ciudadano, priva la racionalidad por cuanto no puede abandonarse el caso del Esequibo en la CIJ por parte de la República, por ello insta al Estado a robustecer la defensa ante ese órgano internacional.
Recuerda el organismo no gubernamental que el próximo 8 de abril se prevé que Venezuela presente contramemoria ente la CIJ, y se daría la oportunidad para hacerlo «con el mayor apoyo de expertos con los que cuenta el país, sin distingo de posición política, pues la Guayana Esequiba es un asunto de Estado y no de gobierno»./VF.
Cactus24 (11-01-2023)
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