El Ministerio Público de Venezuela solicitó a Interpol la captura de tres mujeres —dos en Trinidad y Tobago y una en Perú— por el delito de trata de personas, tras identificar dos grupos de «mafias» que se dedicaban a esta actividad y por el que se ha logrado la captura de 26 ciudadanos.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó, en declaraciones al canal estatal VTV, que dos de las solicitadas —Grecia Mendoza y Eleomara Pérez— se encuentran en Trinidad y Tobago y la otra —Karemis Rivero Gil— en Perú.
Saab detalló que por el caso en el que están implicadas Mendoza y Pérez se detuvieron a nueve personas, las cuales no identificó, y se «les imputaron los delitos de trata de personas en calidad de autores, mediante la captación, traslado y acogida de personas con fines de explotación sexual y asociación para delinquir».
A este caso, el Ministerio Público llegó después de una denuncia de una madre sobre la desaparición de su hija en el estado central de La Guaira.
Según relató el fiscal, ocurrió el pasado enero cuando «tres adolescentes fueron captadas (…) para trabajar en Trinidad y Tobago atendiendo mesas en un local nocturno».
Las jóvenes fueron trasladadas a varios estados y el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró rescatarlas, junto a otro grupo de mujeres, en la capital de Delta Amacuro, un estado limítrofe con el Mar Caribe y cercano a Trinidad y Tobago.
«Sus captores les indicaron que en Trinidad y Tobago trabajarían prestando servicios sexuales, debiendo trabajar primero sin generar dinero por el gasto de los traslados, y posteriormente recibirían una remuneración de 500 dólares trinitarios por persona, es decir, unos 54 dólares estadounidenses», añadió.
Asimismo, se refirió a un segundo caso ocurrido el pasado abril donde fueron detenidas otras 17 personas y se libró la solicitud de alerta roja contra Karemis Rivero Gil, quien supuestamente se encuentra en Perú.
Las autoridades también investigaron este caso por la denuncia de una manera sobre la desaparición de su hija en Puerto la Cruz, estado Anzoátegui.
«El Cicpc y el Ministerio Público iniciaron la investigación (…) de la primera diligencia se logró determinar que la joven había sido captada bajo engaño (…) para trabajar como promotora en Perú, pero en realidad sería explotada sexualmente», dijo.
Las investigaciones se extendieron hasta junio y lograron capturar a las 17 personas.
Saab aseguró que desde su llegada al Ministerio Público en 2017, se han realizado 468 imputaciones «en este tipo de delitos», 411 acusaciones contra personas, «y se han librado 114 ordenes de aprehensión».
«En este periodo se han contabilizado 330 casos con 696 víctimas de este delito que el Ministerio Público invita (…) a denunciar para ser perseguido de manera implacable», concluyó.
EFE
Cactus24/31-07-2021
