La pandemia global por COVID-19 ha tenido gran impacto en las economías, los servicios de salud y la seguridad social en los países de todo el mundo. La mayoría de los Estados adoptaron medidas especiales y dispusieron de recursos extraordinarios para aliviar la crisis. En este contexto, la Alianza de Presupuesto Abierto, en el proceso de investigación para la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021, incluyó un módulo para evaluar la transparencia, la supervisión formal y la participación ciudadana en los paquetes económicos implementados por los gobiernos.
El análisis comparado de los resultados por países evidencia que las prácticas presupuestarias abiertas en tiempos de crisis son viables y ayudarían a garantizar que la asistencia llegue a quién más lo necesita. En el caso de Venezuela, los datos revelan que el gobierno sigue apostando al hermetismo y la opacidad en el manejo del erario público.
El estudio utilizó 26 indicadores para medir el acceso a la información y la vigilancia de los órganos de control a los programas de auxilio aplicados por los gobiernos de 120 países evaluados desde el 1° de marzo hasta el 30 de septiembre de 2020. La valoración obtenida por Venezuela en todas las categorías fue mínima, la más baja entre las utilizadas para cada variable: sustancial (máxima), adecuada, parcial, limitada y mínima.
Hallazgos globales
El módulo dedicado a la atención de la pandemia en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 reveló que más de dos tercios de los gobiernos fallaron en adoptar medidas clave para garantizar la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos. La misma proporción incumplió con normas y procedimientos transparentes en las compras y adquisiciones, mientras que cerca de la mitad de los países eludió el control de los parlamentos al definir sus paquetes fiscales.
De igual modo, los resultados muestran que solo 25% de las instituciones contraloras de las naciones evaluadas publicaron reportes de auditoría sobre el gasto de contención de la crisis. No obstante, la investigación permitió identificar buenas prácticas de países que demuestran que es posible aplicar las medidas fiscales garantizando transparencia, rendición de cuentas y focalizando los esfuerzos en quienes más lo necesitan.
De regiones diversas y aún con pocos recursos, hay gobiernos que detallaron la implementación de políticas específicas y su impacto en grupos vulnerables como mujeres, adultos mayores y niños. En esta calificación entran países como Australia, Bangladesh, Filipinas, Perú y Estados Unidos. En otros casos, se realizaron auditorías en tiempo real que conllevaron a investigaciones y detenciones de funcionarios, como fue el caso de Sierra Leona y Jamaica.
El trabajo conjunto entre los poderes ejecutivo y legislativo en la aplicación y seguimiento de los paquetes también fue documentado Filipinas, Nepal y Reino Unido, entre otros. En relación con la participación de la sociedad civil en la implementación y seguimiento de las políticas, destacaron Sudáfrica, El Salvador, Perú y Noruega.
La evaluación del paquete de política fiscal de emergencia para salvaguardar al pueblo venezolano frente a la COVID-19 (introducido en marzo de 2020), abarcó información de medidas macroeconómicas, presupuestarias y de política, beneficiarios y desempeño; fuentes de financiamiento; fondos extrapresupuestarios; ejecución y adquisiciones. En materia de vigilancia y contraloría ciudadana, se consideraron parámetros como rol de la legislatura, papel de la oficina nacional de auditoría y participación pública. En todos, el desempeño de Venezuela fue mínimo.
Radicalismo flexible
Como medida principal para evitar la propagación del virus, el Ejecutivo venezolano decretó en marzo de 2020 un estado de alarma y cuarentena nacional, a excepción de sectores esenciales como alimentación, salud, servicios y comunicaciones. A partir de junio, se estableció el esquema denominado “7+7”, es decir, siete días de flexibilización y una semana de cuarentena. La modalidad continúa vigente en 2021.
En el ámbito fiscal, se ordenaron reasignaciones presupuestarias y ayudas directas a hogares y empresas. Se desconocen montos y mecanismos para la asignación de dichos recursos. En cuanto a las medidas tributarias, se aplicó la exoneración de tasas de importación y aduaneras, así como la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) a productos farmacéuticos necesarios para combatir la COVID-19 y atender enfermedades persistentes. Sin embargo, hubo otras exenciones en cuya exposición de motivos no se indica como justificación la pandemia.
De igual modo, se incluyó la exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para el ejercicio fiscal 2019. En 2021, también se optó por la exoneración del ISLR-2020. Las personas naturales debían pagar sobre el enriquecimiento superior a 5.000 unidades tributarias (UT), que representaban 6,8 dólares, según el tipo de cambio al cierre del año. En ambos casos, la medida favoreció a pocos contribuyentes, pues tanto el salario mínimo como la UT han quedado rezagados en el tiempo.
Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió el pago de tasas y contribuciones en 52 municipios, por un lapso de 90 días. Expertos consideran que esta medida vulnera la autonomía de los gobiernos locales en materia tributaria y las potestades de la Asamblea Nacional como órgano legislador.
Salario vs bonos
En relación con las ayudas directas a los hogares, el gobierno continuó con la entrega de bonos a través del Sistema Patria. En total, se asignaron 41 pagos desde el inicio de pandemia hasta el 28 de abril 2021, por montos equivalentes a entre 0,41 y 8,67 dólares. Se desconocen a cuántas personas beneficia este programa. Además de ser poco transparente, la asignación no cumple el cometido de soporte social si se toma en cuenta la canasta básica mensual superaba los 150 dólares.
Este nuevo salario dejó de ser referente para el sector privado, donde se compensa al personal con bonificaciones y otros incentivos sin incidencia en las prestaciones, pero es el que prevalece en el sector público.
Asimismo, se anunció el pago del complemento de las nóminas de las pequeñas y medianas empresas por un periodo de seis meses, pero no se informó sobre la base utilizada para su cálculo. Distintos gremios del sector empresarial denunciaron que esta ayuda financiera no llegó de forma regular a los trabajadores o nunca llegó.
Para el Día del Trabajador, se llevó el salario mínimo integral (sueldo más bono de alimentación) de Bs 400.000 a 800.000 bolívares, menos de 2 dólares según tipo de cambio vigente para la fecha. Este año se ajustó a 10 millones de bolívares, equivalente a USD 3,54.
También se ratificó la inamovilidad laboral que ya existía desde 2012 con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Además, se prohibieron los desalojos forzosos y pagos de arrendamiento de bienes inmuebles y se aprobó un régimen especial relativo al pago de préstamos del sector bancario. Entretanto, en abril de este año se anunciaron nuevas medidas fiscales que aún no han sido publicadas en Gaceta Oficial, entre ellas el descuento de 25% para el pago de facturas por concepto de agua potable y electricidad, a través del Sistema Patria.
Del análisis de los resultados se desprende que la opacidad en cuanto a los presupuestos públicos y la grave crisis económica que enfrentaba el país desde antes de la pandemia, sumado a la fuerte debilidad de las instituciones, neutralizan cualquier intento por generar un alivio acertado a los hogares y al sector empresarial. Si bien, las medidas adoptadas han dependido del limitado espacio fiscal, no es menos cierto que Venezuela necesita con urgencia contar con instituciones y políticas eficientes, transparentes y que alienten la rendición de cuentas, para frenar la corrupción, evitar la pérdida de recursos y garantizar que se atiendan con urgencia la recuperación social y económica. La emergencia no debe ser un impedimento para la rendición de cuentas.(NDP)
Cactus24/24-05-2021
