La Unión Europea (UE) volvió a meter este martes a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en enero de 2018, puesto que no cumple con las normas del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal de la OCDE.
También las Islas Caimán -territorio británico de ultramar-, las Islas Seychelles y Palau entraron en el listado, tras la actualización aprobada por los ministros de Economía y Finanzas comunitarios, con lo que se eleva a doce el número de territorios que lo componen.
Panamá había entrado en diciembre de 2017 en la primera lista negra, creada precisamente a raíz de escándalos como los Papeles de Panamá, la filtración en 2016 de documentos del bufete Mossack Fonseca, que involucró a personalidades de todo el mundo y que levantó sospechas de evasión fiscal, ocultamiento de fortunas y blanqueo de capitales.
Sin embargo, en enero de 2018 salió del listado, tras comprometerse a enmendar su legislación y, en marzo de 2019, la UE la sacó de todas sus listas de jurisdicciones no cooperativas tras comprobar que había respetado sus compromisos.
La revisión aprobada este martes devuelve a Panamá a la lista negra, después de que el Foro Global determinase en noviembre pasado que el país solo cumple «parcialmente» sus estándares de transparencia e intercambios.
Estar en la «lista» de este organismo, dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), implica que la UE tiene que incorporarla también a la suya.
El Gobierno panameño, que anticipó ayer la decisión comunitaria, defendió que el país «no es un destino mundial para la evasión fiscal» ni el «registro predilecto para las sociedades offshore», así como que ha hecho muchos progresos en materia de intercambios.
Panamá, las Islas Caimán, las Seychelles y Palau pasan así a engrosar una lista en la que ya estaban Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu.
La UE también ha actualizado la denominada lista gris, en la que se encuentran los países que todavía no cumplen las exigencias comunitarias, pero que se han comprometido a hacer cambios, de modo que pasa de 32 a 13 países.
Turquía, Anguila, Botswana, Bosnia Herzegovina, Eswatini (antigua Suazilandia), Jordania, Maldivas, Mongolia, Namibia y Tailandia figuran porque aún deben hacer cambios en materia de transparencia.
Y Marruecos, Australia y Santa Lucía, además de Namibia y Jordania, todavía tienen que acabar con ciertos regímenes fiscales perjudiciales.
La UE fija para cada país un plazo para solventar las deficiencias.
En el caso de Turquía, ha añadido la advertencia de que, si para finales de este año no aplica de forma efectiva los acuerdos de intercambio automático de información con países europeos, entrará en la lista negra en la siguiente revisión.
Ankara ha aprobado su legislación para cooperar en este sentido, pero en la práctica los intercambios no funcionan con Alemania, Bélgica, Holanda, Francia y Austria, los países comunitarios con mayor población turca, ni con Chipre, al que no reconoce. Turquía había pedido más tiempo para solucionarlo.
Desde el grupo de los Verdes, el más activo de la Eurocámara en este frente, se ha criticado que «a los gobiernos europeos les han faltado agallas para poner a Estados Unidos y Turquía en la lista», y que «la politización de la lista negra envía la señal equivocada».
Por otro lado, la UE ha sacado de todas sus listas a dieciséis países, entre ellos, Vietnam, Armenia, Montenegro, las Islas Marshall, las Islas Vírgenes británicas, Bahamas, Barbados o Bermudas.
En todo caso, la UE no impone sanciones a los países que terminan en la lista negra, más allá de prohibir que los fondos comunitarios transiten a través de entidades establecidas en ellos. Cada Estado comunitario puede imponer a título individual medidas disuasorias, como aumentar las auditorías o retener fondos.
Esta falta de músculo le ha valido críticas por ineficaz, ante lo que las instituciones argumentan que el fin no es castigar, sino promover cambios.
«La lista ha alentado a países de todo el mundo a mejorar su gobernanza fiscal y aumentar la lucha contra los abusos fiscales. Se ha examinado a 95 países, la mayoría de los cuales ahora cumplen, y se han eliminado 120 regímenes perjudiciales gracias al proceso», defendió el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
Además, algunas ONG, como Oxfam, consideran que la credibilidad se ve minada porque la UE no incluye a sus propios miembros, pese a que Bruselas reconoce que Bélgica, Chipre, Malta, Holanda, Irlanda, Hungría y Luxemburgo tienen prácticas fiscales agresivas.
En este sentido, Dombrovskis recordó que todos los países comunitarios «cumplen con los criterios de evaluación».
«No pedimos a nadie hacer más de lo que han hecho los propios Estados de la UE», dijo.
Cactus24 18-02-20
