La diputada por el estado Amazonas, Mauligmer Baloa, condenó el anuncio de Nicolás Maduro del Plan Minero Tricolor, que pretende asignar una mina productiva a los gobernadores que apoyan el gobierno, porque es absolutamente ilegal, viola la Constitución Bolivariana de Venezuela en sus artículos 119 y 120 y atenta con la existencia de los indígenas que cohabitan en los territorios donde se encuentran las minas de oro.
Rechazó rotundamente esta medida del gobierno que calificó arbitraria, inconsulta, que desconocen las luchas de los pueblos originarios para existir en los territorios ancestrales, que les pertenecen. Hizo un llamado a la comunidad indígena a unirse para luchar en contra de un desplazamiento total de los pueblos indígenas.
Explicó la diputada como representante de los pueblos indígenas en el Estado Amazonas, que esta pretensión viola el principio de estar informado, de la consulta previa que está contemplado en el artículo 119 de la Constitución de la República y el artículo 120 que se refiere a la titulación y demarcación de tierras y hábitat, que tenían que ejecutarse en los dos años siguientes a la publicación de la constitución “deuda de esta revolución indígena de Venezuela, desde la Constitución del 99, ya van casi 20 años», recordó la parlamentaria.
Además, dijo que también se viola el principio a la preservación, porque el gobierno no se ha preocupado por hacer los respectivos estudios sobre el impacto ambiental, en torno a esta libre adjudicación de territorios que tengan minerales como el oro, diamante, coltan, bauxita cobre, hierro, para su explotación inapropiada y desmedida.
“Se viola el principio de precaución a los daños irreversibles que esta explotación de minas de oro va a ocasionar. No solamente por la inminente extinción del patrimonio de la humanidad como son los diferentes parques nacionales que tenemos en los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, sino que también es la extinción y desplazamiento de los pueblos indígenas que cohabitan en esos territorios”.
Destacó que ya se ha provocado el desplazamiento masivo de los indígenas en los Estados Amazonas, Bolívar y Apure porque las zonas han sido militarizadas, por lo tanto, no pueden convivir con estos funcionarios, que no les permiten tener sus conucos, les prohíben el libre tránsito tanto en tierra firme como en el agua, no se puede pescar en los ríos porque están siendo contaminados por la irracional explotación de las minas.
Por último, precisó que las consecuencias de este plan minero de “oscuridad y desolación” que pretenden imponer es la exterminación del ecosistema, pérdidas de flora y fauna que en el mundo son irrepetibles, la degradación progresiva de los suelos, sedimentación del agua por los residuos de elementos como el mercurio, la deforestación masiva de plantas y las mutaciones de los animales.
“Ya esto lo hemos alertado desde el 2011 mediante organizaciones indígenas y se intensificó la agresión del gobierno en el 2013 y 2016 cuando se emitió el decreto 2. 248 que crea la zona de desarrollo especial del Arco Minero del Orinoco de siglas ZDE-AMO el cual ocupa el 12 por ciento del territorio nacional, parte de los Estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro “.
Cactus24 (16-10-2019)
