El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, evalúa realizar algunos cambios en el decreto que entró en vigor a comienzos de mes y que flexibiliza la posesión, la venta y el porte de armas en el país.
El portavoz de la Presidencia de Brasil, Otávio Rêgo Barros, admitió que el gobierno podría revisar algunos aspectos del decreto, entre ellos un polémico apartado que abre espacio para que ciudadanos puedan comprar fusiles.
«Ese es uno de los aspectos que está sufriendo evaluación por parte del presidente con nuestra asesoría jurídica de la Casa Civil (Ministerio de Presidencia) y a partir de esa revaluación, se ajustará o no el decreto», afirmó el portavoz.
La medida fue duramente criticada por gobernadores de 14 de los 27 estados de Brasil, entre los cuales hay algunos de partidos que apoyan al jefe de Estado.
Según los jefes de las administraciones regionales, la flexibilización de la legislación «aumentará la cantidad de armas y municiones en poder de criminales y aumentará los riesgos de que discusiones y peleas entre ciudadanos terminen en tragedias».
«Consideramos que las medidas previstas en el decreto no contribuirán para aumentar la seguridad en nuestros estados. Por el contrario, tales medidas tendrán impacto negativo en la violencia», según la carta abierta de los gobernadores.
El decreto de Bolsonaro ha sido cuestionado por todas las organizaciones de defensa de derechos humanos y Amnistía Internacional pidió este martes públicamente su revocación, pero también ha sido objeto de recursos de la Procuraduría y calificado como inconstitucional por organismos asesores del Congreso.
Asimisimo, las numerosas demandas contra la constitucionalidad de la medida obligaron a la magistrada Rosa Wéber, una de las integrantes de la Corte Suprema, a pedirle al mandatario que «explique» los términos de su decreto para poder juzgar la legalidad de la medida en un plazo de cinco días.
La Abogacía General de la Unión (AGU, por sus siglas en portugués), oficina encargada de los asuntos jurídicos del gobierno, informó en un comunicado que solicitará más tiempo al Supremo para presentar sus alegaciones.
De acuerdo con la AGU, el objetivo de la prórroga del plazo es incluir «posibles revisiones» a raíz de los estudios realizados por el organismo y otros ministerios en «función de las cuestiones levantadas sobre la constitucionalidad del decreto».
