La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, consignó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un estudio sobre el impacto de las sanciones del gobierno de Estados Unidos a 152 países.
Rodríguez sostuvo una reunión en La Haya con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, a quien además agradeció el recibimiento.
«Consignamos en el caso sobre el bloqueo criminal contra Venezuela (Venezuela II) el estudio publicado en la revista The Lancet que demuestra el impacto en la salud y la vida de los pueblos de las medidas coercitivas unilaterales, evidencias de lo que Venezuela ha venido sosteniendo», dijo.
En este contexto, explicó que la pérdida del 99% del ingreso en divisas del país ocasionó una asfixia al sector económico, dejando además afectaciones en los sectores de salud, educación y alimentación.
No obstante, hizo hincapié en que esta investigación reveló que «más de 564 mil personas, desproporcionadamente menores de 5 años y adultos mayores, mueren todos los años producto de las ‘sanciones’ adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros países de occidente para promover la política de cambio de régimen».
En este sentido, la alta funcionaria enfatizó que la cifra presentada es similar a la tasa anual de mortalidad por conflictos armados y expresó su preocupación sobre «la lentitud con que avanza este asunto, iniciado hace más de 5 años como resultado de una remisión realizada por Venezuela».
Asimismo, abordó el asunto conocido como Venezuela I y reafirmó que «se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma como asesinatos, persecución contra el pueblo venezolano, como exterminio y agravamiento de las situaciones humanitarias». En este marco, reiteró «nuestra disposición de continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y planes de trabajo conjuntos en materia de cooperación y asistencia técnica, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional».
Finalmente, concluyó destacando «la actuación responsable y profesional de los organismos de seguridad venezolanos en la defensa de la paz y la tranquilidad de la República y el resguardo de los derechos de la población».
